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La medida se enmarca en el proceso de modernización tecnológica que impulsa el tribunal, con miras a promover la eficiencia y la transparencia y reducir el uso de papel
Judicial18/08/2022
Alejandro Carranza
En línea con la búsqueda de facilitar “la transformación del servicio de justicia en pos de una mayor eficiencia, transparencia, reducción del uso de papel y acceso de las partes a las causas”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó, dentro de su ámbito, el uso del Expediente Electrónico Administrativo, que se implementará por medio del Sistema de Gestión de Expedientes Administrativos (SGEA) y tendrá la misma validez que su equivalente en papel.
Según lo dispuesto el 3 de agosto en la Acordada N° 20/2022, con la firma de todos los ministros, la conformidad prestada en el SGEA por el/la agente o funcionario/a interviniente “tendrá el mismo alcance que las actuaciones suscriptas en forma ológrafa”. La Dirección de Sistemas del tribunal estará a cargo de la administración y el mantenimiento del SGEA, así como de la elaboración y coordinación del plan de implementación progresiva de esta iniciativa.
La Corte consideró conveniente el empleo de esta solución tecnológica “a efectos de optimizar los procesos en lo referente a la disponibilidad, almacenamiento, actualización y circulación, contribuyendo a la mejora de los circuitos administrativos”. Además, enmarcó la medida en el proceso “de cambio y modernización” que viene impulsando mediante distintos proyectos de informatización y digitalización.
El documento repasa las principales acciones impulsadas en los últimos tiempos en esta materia, como parte de un programa de fortalecimiento institucional. Así, entre otros hitos, en 2016 la Corte adoptó la firma digital en la Secretaría General de Administración, y la Acordada 12/2020 aprobó el uso de la firma electrónica y digital en el Poder Judicial de la Nación.
En octubre de 2021, la mencionada Secretaría –tras requerir a la Dirección de Sistemas el diseño de una aplicación informática que permitiera, en un entorno seguro, sustituir el soporte papel por uno electrónico para los expedientes administrativos–, inició una prueba piloto que comprobó la utilidad y validez de la herramienta.
En el texto de su primer anexo, donde se detalla el procedimiento para la implementación del sistema, la Acordada establece que las dependencias internas de la Corte que intervengan en los expedientes administrativos “deberán gestionarlos prioritariamente de manera electrónica”. Un segundo anexo regula los alcances, pautas y condiciones de utilización del SGEA.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
El organismo destacó el trabajo de la Oficina de la Mujer de la CSJN en la lucha contra la violencia de género en la región.
Lo hará a través de su Dirección de Asuntos Contenciosos. Hasta ahora ese rol lo cumplía exclusivamente el Ministerio de Justicia.
Juzgado ordena múltiples medidas para efectivizar el cobro de la cuota alimentaria, incluyendo el embargo de bienes muebles no registrables. Juzgado CCCyTyF de Huinca Renancó, Prov.. de Córdoba, en autos: “A., D. D. – R., A. B. – HOMOLOGACIÓN. Juez interviniente, Lucas Ramiro Funes
Así lo informó la CSJN en su informe semestral de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) y refleja la cantidad de niños, niñas y adolescentes con causas y/o medidas de privación de la libertad dispuestas entre enero y junio de 2024 en la Justicia Nacional de Menores.
Así se desprende de un reporte de la fiscalía especializada a cargo del fiscal general Alberto Gentili. El documento refiere "un notorio incremento" respecto de igual periodo de 2023, cuando se registraron 8 casos. Las muertes se produjeron en 10 establecimientos diferentes. Hubo 9 casos no traumáticos, mientras que 5 fueron traumáticos -3 ahorcamientos- y el restante se encuentra en investigación. El promedio de edad de las personas fallecidas es de 45 años.
El tribunal interamericano afirmó que el cuidado constituye un derecho humano autónomo, con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Los Estados deben garantizarlo de manera progresiva y con enfoque de igualdad.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
La polémica por la conducta del juez civil Carlos Goggi vuelve a poner en el centro del debate la defensa de la dignidad profesional de los abogados y la vigencia de la Ley de Honorarios (27.423). Las entidades de la abogacía remarcan que no está en discusión la independencia judicial, sino la obligación de respetar la ley y los precedentes.
Alberdi, la profesión y los desafíos de un tiempo de cambios