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La medida se enmarca en el proceso de modernización tecnológica que impulsa el tribunal, con miras a promover la eficiencia y la transparencia y reducir el uso de papel
Judicial18/08/2022
Alejandro Carranza
En línea con la búsqueda de facilitar “la transformación del servicio de justicia en pos de una mayor eficiencia, transparencia, reducción del uso de papel y acceso de las partes a las causas”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó, dentro de su ámbito, el uso del Expediente Electrónico Administrativo, que se implementará por medio del Sistema de Gestión de Expedientes Administrativos (SGEA) y tendrá la misma validez que su equivalente en papel.
Según lo dispuesto el 3 de agosto en la Acordada N° 20/2022, con la firma de todos los ministros, la conformidad prestada en el SGEA por el/la agente o funcionario/a interviniente “tendrá el mismo alcance que las actuaciones suscriptas en forma ológrafa”. La Dirección de Sistemas del tribunal estará a cargo de la administración y el mantenimiento del SGEA, así como de la elaboración y coordinación del plan de implementación progresiva de esta iniciativa.
La Corte consideró conveniente el empleo de esta solución tecnológica “a efectos de optimizar los procesos en lo referente a la disponibilidad, almacenamiento, actualización y circulación, contribuyendo a la mejora de los circuitos administrativos”. Además, enmarcó la medida en el proceso “de cambio y modernización” que viene impulsando mediante distintos proyectos de informatización y digitalización.
El documento repasa las principales acciones impulsadas en los últimos tiempos en esta materia, como parte de un programa de fortalecimiento institucional. Así, entre otros hitos, en 2016 la Corte adoptó la firma digital en la Secretaría General de Administración, y la Acordada 12/2020 aprobó el uso de la firma electrónica y digital en el Poder Judicial de la Nación.
En octubre de 2021, la mencionada Secretaría –tras requerir a la Dirección de Sistemas el diseño de una aplicación informática que permitiera, en un entorno seguro, sustituir el soporte papel por uno electrónico para los expedientes administrativos–, inició una prueba piloto que comprobó la utilidad y validez de la herramienta.
En el texto de su primer anexo, donde se detalla el procedimiento para la implementación del sistema, la Acordada establece que las dependencias internas de la Corte que intervengan en los expedientes administrativos “deberán gestionarlos prioritariamente de manera electrónica”. Un segundo anexo regula los alcances, pautas y condiciones de utilización del SGEA.
Así lo informó la CSJN en su informe semestral de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) y refleja la cantidad de niños, niñas y adolescentes con causas y/o medidas de privación de la libertad dispuestas entre enero y junio de 2024 en la Justicia Nacional de Menores.
Así se desprende de un reporte de la fiscalía especializada a cargo del fiscal general Alberto Gentili. El documento refiere "un notorio incremento" respecto de igual periodo de 2023, cuando se registraron 8 casos. Las muertes se produjeron en 10 establecimientos diferentes. Hubo 9 casos no traumáticos, mientras que 5 fueron traumáticos -3 ahorcamientos- y el restante se encuentra en investigación. El promedio de edad de las personas fallecidas es de 45 años.
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El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
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Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
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