
Es por la presunta complicidad de la magistrada Julieta Makintach en la grabación de un documental durante el juicio por la juetre del astro del fútbol argentino, Diego Maradona.
| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
Es una iniciativa de la senadora Nacional (PJ) Anabel Fernández Sagasti.
Noticias06/09/2022
Alejandro Carranza
El Bloque del Frente de Todos en la Cámara de Senadores de la Nación presentó un proyecto de ley para restringir las comunicaciones de los empleadores para con los trabajadores fuera del horario laboral. La iniciativa responde a la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti,; la misma ya se giró a la Comisión de Trabajo que preside su compañera Juliana Di Tullio.
El inicio del debate se dará en los próximos días en torno al proyecto que consta de dos artículos y modifica la Ley de Legislación del Trabajo, en lo que hace al alcance de la jornada laboral. Aunque mantiene el máximo de ocho horas por día o las 48 semanales, salvo excepciones, establece que los empleadores no podrán enviar comunicaciones a sus trabajadores fuera de horario.
«Entre el cese de una jornada de trabajo y el comienzo de la siguiente quedará prohibido el envío de directivas, consignas y solicitudes de actividades adicionales por medios tales como correos electrónicos, mensajes u otras herramientas tecnológicas», señala la medida en estudio.
«Las nuevas tecnologías en la mayoría de los casos han atado al trabajador aún más a su puesto de trabajo”, argumentó la senadora y manifestó que esto «se torna alarmante» ya que se han «flexibilizado aún más las condiciones laborales de los y las trabajadoras”.
«La utilización de equipos informáticos de que está dotado el trabajador fuera del horario de trabajo, puede producir, en ocasiones, una sobrecarga de información y comunicación, dañina para su vida privada: los trabajadores que se conectan a distancia, a cualquier hora de cualquier día, con el riesgo evidente de incumplir los tiempos de descanso diarios o semanales, lo que afecta de lleno la protección de sus salud, recreación y lazos afectivos», menciona la senadora oficialista por Mendoza.

Es por la presunta complicidad de la magistrada Julieta Makintach en la grabación de un documental durante el juicio por la juetre del astro del fútbol argentino, Diego Maradona.

La polémica por la conducta del juez civil Carlos Goggi vuelve a poner en el centro del debate la defensa de la dignidad profesional de los abogados y la vigencia de la Ley de Honorarios (27.423). Las entidades de la abogacía remarcan que no está en discusión la independencia judicial, sino la obligación de respetar la ley y los precedentes.

Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.

Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.

La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.

Las bases de la abogacía hacen una petición formal al gobernador Axel Kicillof y al Senado provincial para que se cubran las vacantes en la Suprema Corte de Justicia. Advierten que el máximo tribunal funciona con menos de la mitad de sus miembros y que esa situación afecta derechos, independencia judicial y calidad institucional.

La máxima entidad de la abogacía bonaerense advirtió de intentos de estafas virtuales mediante falsas comunicaciones en su nombre.

Una mujer de 46 años logró que el Instituto de Obra Social de la Provincia de Corrientes (IOSCor) cubra un tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad, tras haberle sido negado por no tener pareja. El fallo reafirma que el derecho a procrear no puede depender del estado civil.

Es por la presunta complicidad de la magistrada Julieta Makintach en la grabación de un documental durante el juicio por la juetre del astro del fútbol argentino, Diego Maradona.