
Durante la feria judicial de julio de 2025, la OVD atendió a 627 personas
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
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La apertura de las jornadas estuvo a cargo de la subsecretaria de Transparencia Institucional, Ana Laura Ramos.
Noticias30/09/2022 RedacciónLa Subsecretaría de Transparencia Institucional, dio inicio a la capacitación sobre “Elaboración e implementación de un Código de Ética Pública en los Gobiernos Municipales de la Provincia de Buenos Aires”, destinada a los 135 municipios de la Provincia.
La capacitación fue diseñada con el propósito de brindar herramientas que les permitan a los municipios de la Provincia establecer y/o fortalecer su sistema de promoción, impulso y garantía de la ética pública, la integridad y la transparencia hacia el interior de sus jurisdicciones en el marco del Programa Red de Oficinas de Transparencia PBA.
La apertura de las jornadas estuvo a cargo de la subsecretaria de Transparencia Institucional, Ana Laura Ramos, y constará de tres encuentros que se desarrollan en conjunto y a través de la Plataforma Virtual del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), perteneciente a la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público del Ministerio de Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.
Estas acciones impulsadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conduce Julio Alak, permiten avanzar en la implementación de políticas en torno a la Transparencia, Integridad y Ética Pública.
De este espacio de formación participan más de 250 agentes, funcionarias y funcionarios de los 135 gobiernos municipales, así como concejales y concejalas de los Consejos Deliberantes municipales.
Entre ellos se encuentran Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Baradero, Bragado, Benito Juárez, Berazategui, Berisso, Carlos Casares, Castelli, Chascomús, Chivilcoy, Coronel Pringles, Coronel Suarez, Daireaux, Escobar, Ezeiza, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Guido, General Las Heras, General Lavalle, General Rodríguez, General Pueyrredón, General San Martín, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Lanús, Las Flores, La Plata, Lanús, Laprida, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Mar Chiquita, Mercedes, Merlo, Monte Hermoso, Moreno, Navarro, Necochea, Pehuajó, Pilar, Puán, Punta Indio, Quilmes, Rojas, Roque Pérez, San Miguel del Monte, Salliqueló, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tigre, Tornquist, Veinticinco de Mayo.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Una denuncia por abuso sexual entre adolescentes, marcada por el stealthing y el hostigamiento escolar, derivó en un inédito proceso de justicia restaurativa en La Plata. Sin juicio ni condena penal, el enfoque apuntó a la asunción de responsabilidad, la reparación del daño y la prevención de nuevas violencias.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
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Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.