El próximo 18 de octubre de 2.022, los 168.459 abogados y abogadas con matrícula federal de todo el país, tenemos una cita democrática para elegir qué rol se quiere para la Abogacía y a qué modelo de Justicia aspiramos. 

Respecto al estado de la justicia actual en Argentina, la percepción de la imagen real ante la sociedad ha alcanzado los niveles más bajos de toda la historia

Desde la Lista 2 “Compromiso con la Constitución”, que encabeza el Dr. Héctor Recalde (y a quien  acompaño como suplente), junto a Adriana Coliqueo, Itatí Demarchi, Horacio Erbes, Marcelo Alvarez, Noemí Isasmendi  y Natalia Salvo  se proponen unos ejes centrales y medidas de acción concretas para el cumplimiento de varios objetivos que van de la mano: mejorar el servicio de Justicia, su independencia externa e interna, y potenciar el rol de la Abogacía.

Respecto al estado de la justicia actual en Argentina, la percepción de la imagen real ante la sociedad ha alcanzado los niveles más bajos de toda la historia: más del 90 % de la población descree y tiene una percepción negativa. Compartimos ese diagnóstico y consideramos que ello se debe en gran parte a que no se está cumpliendo con lo establecido en la Constitución Nacional.

Efectivamente, la Constitución Nacional, con su reforma de 1.994, crea el Consejo de la Magistratura y le encomienda 4 misiones fundamentales, las cuales no se están cumpliendo debidamente:

1)       “Realizar la selección de los mejores jueces y juezas mediante concursos públicos, emitiendo las propuestas en ternas vinculantes…” Hoy en día los concursos son de una duración excesiva, y la indefinición en la emisión de las ternas, conllevan que una gran parte de los cargos se encuentran vacantes. Además, el estamento de la Abogacía sufre la injustificada e inconstitucional discriminación de no poder participar siquiera como “jurados en los concursos”, reservado solamente al estamento de jueces y académicos. 

2)       “Ejercer las facultades disciplinarias sobre magistrados…” Hoy resulta imperioso el dictado normas para regular la conducta de los jueces, como la necesaria implementación de un “código de ética” que de recepción reglamentaria a las buenas prácticas como las establecidas en los “Principios de Bangalore sobre la conducta judicial” adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ONU) y en el Código Iberoamericano de Ética Judicial, así como también establecer instancias que permitan evaluar su cumplimiento en el marco de audiencias públicas.”

3)       “Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto…” Hoy la administración de justicia necesita mucho más federalismo y participación de todas las regiones del país, para lo cual es necesario un rediseño integral basado en las necesidades más urgentes y en el cumplimiento de un plan estratégico para que las mejoras sean continuas y sostenibles en el tiempo.

4)       “Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial…”  En este rubro está todo por hacer, desde el diseño de un nuevo “mapa judicial”, hasta la reglamentación de la “ley de ingreso democrático”, vigente desde hace casi una década, pero que el Poder Judicial no ha implementado. 

        Estas son algunas de nuestras propuestas e ideas, basadas esencialmente en el cumplimiento del texto y espíritu constitucional. Solo así tendremos la Justicia de excelencia a la que la inmensa mayoría anhelamos.