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El documento repasa las competencias, define el enfoque estratégico con el cual desempeña sus funciones y realiza un resumen estadístico de las investigaciones penales y los sumarios administrativos. Destaca las actividades a nivel nacional e internacional, e incluye un apartado especial sobre corrupción y género.
Noticias22/03/2023 Redacción
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas publica su informe de gestión anual 2022, en el cual desarrolla las principales estadísticas y línea de acción relacionadas con su misión como órgano especializado del Ministerio Público Fiscal en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la administración pública nacional y de las empresas o sociedades que reciben aporte estatal.
El informe de gestión señala que el año pasado la procuraduría especializada recibió a través de sus distintos canales de comunicación un total de 2534 denuncias, 805 sumarios administrativos y 28 pedidos de colaboración, y que se iniciaron 130 Investigaciones preliminares.
Del total de estos casos, tras el análisis de la pertinencia temática y los criterios de significancia se constituyeron 1000 expedientes de los cuales 409 se encuentran activos y el 79% representa a casos penales e investigaciones preliminares, y el 21% a sumarios administrativos.
En línea con las recomendaciones de organismos internacionales, la PIA también trabaja en abordar la corrupción vinculada a otros fenómenos criminales complejos, como narcocriminalidad, contextos de encierro, trata de personas y el impacto de la corrupción por género.
En este sentido, el informe incluye un dossier especial sobre el trabajo que la procuraduría lleva adelante en materia de corrupción y género, para visibilizar los impactos diferenciados sobre mujeres, niñas y personas trans.
Finalmente, resume la participación del organismo en el Foro de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción y desarrolla las principales acciones de cooperación y desarrollo nacional e internacional llevadas a cabo durante ese ciclo.
La segunda edición de este informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes incluye datos estadísticos de los 24 poderes judiciales provinciales y de CABA.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
En nota dirigida a las autoridades del banco señalaron que "Esta demora desvirtúa el sistema legal de "pago en juicio" que contempla el art 277 de la Ley 20744, que fue concebido en tutela del crédito de la clase trabajadora."
El Decreto 971/2024 establece que las solicitudes ante la Administración Pública tendrán aprobación automática si no reciben respuesta en el plazo estipulado, excepto en áreas sensibles como salud, medio ambiente y servicios públicos. La medida comenzó el 1º de noviembre y apunta a acelerar gestiones en sectores no críticos.
El foro que reúne a todos los Consejos de la Magistratura de la República Argentina desarrolló actividades institucionales en las sedes de la SCBA y del Colegio de la Abo0gacía de La Plata.
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Mientras la conflictividad social se intensifica en Buenos Aires, la justicia enfrenta una acumulación récord de causas penales y civiles. A la falta de recursos y vacantes en el sistema judicial, se suma el retiro del Estado en áreas claves, lo que multiplica los desafíos en la provincia más poblada y diversa del país.
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