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El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) presentó una acción de amparo contra la Circular N° 22/23 de la ANSES, por considerar que viola de manera ilegal y arbitraria los derechos de abogadas y abogados comoa sí también de sus clientes. La normativa impide que los trámites para obtener el beneficio jubilatorio puedan ser iniciados mediante representación legal.
El CPACF solicitó como medida cautelar la suspensión de la circular impugnada. "Consideramos que esta medida es inconstitucional, ya que atenta contra nuestro derecho a trabajar libremente y afecta el derecho a la propiedad de jubilados y pensionados." señaló el Colegio en un comunicado.
Por último, la institución presidida por Ricardo Gil Lavedra, afirmó que "La decisión de la ANSES de prohibir la actuación de los abogados es injustificada e incomprensible. Esto no solo restringe y afecta nuestro trabajo profesional, sino que también limita los derechos de los potenciales beneficiarios del sistema previsional. "
De esta manera el CPACF se suma a los reclamos que también realiza la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) (VER: /contenido/907/faca-iniciara-acciones-legles-contra-anses-por-las-restricciones-a-la-abogacia-p)
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Una denuncia por abuso sexual entre adolescentes, marcada por el stealthing y el hostigamiento escolar, derivó en un inédito proceso de justicia restaurativa en La Plata. Sin juicio ni condena penal, el enfoque apuntó a la asunción de responsabilidad, la reparación del daño y la prevención de nuevas violencias.
El máximo tribunal contradice a la Cámara Federal y complica la situación del magistrado designado por el presidente Milei.
La entidad presidida por Ricardo Gil Lavedra salió al cruce de un nuevo embiste contra la abogacía laboralista
Un fallo reafirma que el régimen de cuidado personal compartido con modalidad alternada no implica automáticamente la supresión de la cuota alimentaria. La cuota alimentaria no es una penalidad, sino un derecho de los hijos y una expresión concreta de la corresponsabilidad parental.
El COLPROBA publicó en su sitio web una jurisprudencia clave para mediadores en un caso donde se pretendió eludir la mediación provincial acudiendo a la justicia nacional.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.