
Alberdi, la profesión y los desafíos de un tiempo de cambios
Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
En una acción coordinada con los 82 colegios y asociaciones de abogacía que ya están levantando actas de constatación notarial.
Noticias23/05/2023La Mesa Directiva de la Federación Argentina de Colegios de Abogados - FACA - ha resuelto iniciar acción judicial (Amparo) contra la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSeS – a los fines de hacer cesar los efectos de la Circular de referencia que coarta el libre ejercicio de la profesión impidiendo de manera ilegal y arbitraria la actuación de abogados y abogadas como apoderados de los titulares en el inicio y tramitación del beneficio dispuesto por la ley 27.705 (Plan de Pago de Deuda Previsional).
De esta manera la FACA recoge así el gran descontento que a lo largo de Argentina existe entre los abogados y abogadas previsionalistas al verse impedidos de ser apoderados en ese proceso de moratoria por la Circular ANSES -DP 22/23
Han sido incontables las protestas y reclamos por la mencionada circular, por ser considerarla además, discriminatoria.
Como se recordará la ANSES estableció através de la Circular ANSES -DP 22/23 que “al momento de iniciar un expediente por Ley 27.705 “Plan de Pago de Deuda Previsional”, los formularios y documentos a presentar debían ser impresos y firmados “individualmente por la persona titular” para su incorporación luego de legalizarlo al expediente SIEEL.
ACCIONES COLECTIVAS
La FACA decidió coordinar los esfuerzos para enfrenatr la restricción ante la justicia para ello, circuló una nota a los colegios federados para la "realización con la mayor premura Actas de Constatación Notarial en las UDAI locales a efectos de acreditar los obstáculos e impedimentos".
De esta manera la abogacía se encamina a colisionar una vez más contra ANSES, ya que independientemente del signo político dominante, siempre se busca correr a la abogacía del asesoramiento previsional dejando a la ciudadanía en una situación de indefensión frente al Estado.
La polémica por la conducta del juez civil Carlos Goggi vuelve a poner en el centro del debate la defensa de la dignidad profesional de los abogados y la vigencia de la Ley de Honorarios (27.423). Las entidades de la abogacía remarcan que no está en discusión la independencia judicial, sino la obligación de respetar la ley y los precedentes.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
El tribunal interamericano afirmó que el cuidado constituye un derecho humano autónomo, con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Los Estados deben garantizarlo de manera progresiva y con enfoque de igualdad.
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