| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
En una acción coordinada con los 82 colegios y asociaciones de abogacía que ya están levantando actas de constatación notarial.
Noticias23/05/2023
Alejandro Carranza
La Mesa Directiva de la Federación Argentina de Colegios de Abogados - FACA - ha resuelto iniciar acción judicial (Amparo) contra la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSeS – a los fines de hacer cesar los efectos de la Circular de referencia que coarta el libre ejercicio de la profesión impidiendo de manera ilegal y arbitraria la actuación de abogados y abogadas como apoderados de los titulares en el inicio y tramitación del beneficio dispuesto por la ley 27.705 (Plan de Pago de Deuda Previsional).
De esta manera la FACA recoge así el gran descontento que a lo largo de Argentina existe entre los abogados y abogadas previsionalistas al verse impedidos de ser apoderados en ese proceso de moratoria por la Circular ANSES -DP 22/23
Han sido incontables las protestas y reclamos por la mencionada circular, por ser considerarla además, discriminatoria.
Como se recordará la ANSES estableció através de la Circular ANSES -DP 22/23 que “al momento de iniciar un expediente por Ley 27.705 “Plan de Pago de Deuda Previsional”, los formularios y documentos a presentar debían ser impresos y firmados “individualmente por la persona titular” para su incorporación luego de legalizarlo al expediente SIEEL.
ACCIONES COLECTIVAS
La FACA decidió coordinar los esfuerzos para enfrenatr la restricción ante la justicia para ello, circuló una nota a los colegios federados para la "realización con la mayor premura Actas de Constatación Notarial en las UDAI locales a efectos de acreditar los obstáculos e impedimentos".
De esta manera la abogacía se encamina a colisionar una vez más contra ANSES, ya que independientemente del signo político dominante, siempre se busca correr a la abogacía del asesoramiento previsional dejando a la ciudadanía en una situación de indefensión frente al Estado.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Una denuncia por abuso sexual entre adolescentes, marcada por el stealthing y el hostigamiento escolar, derivó en un inédito proceso de justicia restaurativa en La Plata. Sin juicio ni condena penal, el enfoque apuntó a la asunción de responsabilidad, la reparación del daño y la prevención de nuevas violencias.
El máximo tribunal contradice a la Cámara Federal y complica la situación del magistrado designado por el presidente Milei.
Una investigación del New York Times reveló cómo el entorno cercano al presidente Javier Milei promovió Milei Coin , una criptomoneda que generó expectativas de apoyo oficial y terminó desplomándose, perjudicando a pequeños inversores. El escándalo exponen riesgos de especulación y la responsabilidad de los líderes en estos mercados volátiles.
Lo decidió está mañana. La decisión sobre Lijo se pòstergó para el seis de marzo
La joven estuvo en coma durante dos semanas, antes de poder declarar. El y la fiscal federal Federico Iuspa y Mariela Labozzetta habían presentado un dictamen en el que requerían que se incorporen elementos de violencia de género presentes en el caso. Uno de los imputados es expareja de la víctima y fue procesado con prisión preventiva por lesiones triplemente agravadas.
El proyecto oficialista que propone eliminar la colegiación obligatoria se presenta como un alivio económico en tiempos de crisis. Pero detrás de la desregulación, los colegios de abogados advierten una amenaza más profunda: la pérdida de independencia profesional y el riesgo de concentrar el control del ejercicio profesional en manos del Estado.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.