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En el mismo período de 2022 habían sido 816, un aumento del 21%, según un informe de la Base General de Datos de NNyA, con datos de la Justicia Nacional de Menores.
Noticias05/09/2023 RedacciónEn el primer semestre del año se iniciaron 1109 causas penales contra 986 niños, niñas y adolescentes, lo que representa, respectivamente, un 19,5% y un 21% más que en igual período del año anterior.
Los datos surgen del informe semestral presentado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que da cuenta de la cantidad de NNyA con causas penales iniciadas y/o medidas de privación de la libertad dictadas entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2023 en la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los datos corresponden a los siete juzgados nacionales y tres tribunales orales de menores que entienden en los delitos tipificados en el Código Penal de la Nación sucedidos en el territorio de CABA, que no han sido transferidos al Poder Judicial local.
9 de cada 10 de los NNyA a los que se les iniciaron causas penales son varones, principalmente argentinos (95%) y con residencia en la provincia de Buenos Aires (58%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (41%). La edad promedio es de entre 16 y 17 años (56%).
De los delitos registrados, predominan aquellos contra la propiedad (84%), principalmente distintos tipos de robos (78%). El restante 16% corresponde a delitos contra la integridad sexual (34%), contra la administración pública (25%) y contra las personas (9%), entre otros. De esta última categoría (16 causas), en 5 se investigó el delito de homicidio (2 en grado de tentativa y 3 consumados).
El informe detalla que en el semestre 60 NNyA tuvieron alguna medida judicial de privación de libertad. Se contabilizan tanto las medidas en centros socioeducativos de régimen cerrado, como el ingreso en hospitales u otros centros de restricción, cifra que representa el 6% del total de NNyA con causas judiciales.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Una denuncia por abuso sexual entre adolescentes, marcada por el stealthing y el hostigamiento escolar, derivó en un inédito proceso de justicia restaurativa en La Plata. Sin juicio ni condena penal, el enfoque apuntó a la asunción de responsabilidad, la reparación del daño y la prevención de nuevas violencias.
El máximo tribunal contradice a la Cámara Federal y complica la situación del magistrado designado por el presidente Milei.
Un fallo reafirma que el régimen de cuidado personal compartido con modalidad alternada no implica automáticamente la supresión de la cuota alimentaria. La cuota alimentaria no es una penalidad, sino un derecho de los hijos y una expresión concreta de la corresponsabilidad parental.
El COLPROBA publicó en su sitio web una jurisprudencia clave para mediadores en un caso donde se pretendió eludir la mediación provincial acudiendo a la justicia nacional.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
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