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La Ley 13.981 regula las compras con el Estado provincial de Buenos Aires. Satisfacción en FEMAPE
Noticias03/01/2024
Alejandro Carranza
Recientemente, se produjeron cambios importantes en la ley 13.981 en el marco de la aprobación de la Ley de Endeudamiento por 1.800 millones de dólares para la provincia de Buenos Aires. Estos cambios permiten recomponer los precios de los contratos de común acuerdo, así como su rescisión. Además, se establece la preferencia de contratación a favor de empresas bonaerenses siempre que se trate de bienes y servicios producidos o elaborados en el país. La modificación del artículo 22 de la Ley N° 13.981 prevé ampliar la preferencia hasta un 10% más cuando el producto o bien haya alcanzado niveles de calidad. La Ley también establece que se deberá establecer en los Pliegos la cláusula de redeterminación de precios de forma automática.
Rodrigo Ducha, Director y asesor legal de FEMAPE, afirma que estas modificaciones: "son muy importantes para FEMAPE y para sus socios proveedores del Estado. Aunque resta definir la reglamentación por el Ejecutivo, es un gran paso que se ha dado, quedando reflejado en la Ley el trabajo de tanto tiempo. Para 2024, FEMAPE continuará bregando por las modificaciones que la coyuntura impone para su sector".
Además, Rodrigo Ducha puntualiza que, no obstante los avances obtenidos, se necesita seguir trabajando en los siguientes puntos: suspensión automática de todas las sanciones posibles por incumplimiento, suspensión de las prórrogas y/o ampliaciones automáticas por parte del Estado (el 35%), licitaciones por servicio de 4 a 6 meses como máximo, mantenimiento de ofertas de 15 días y modificación del valor de la Unidad de Contratación (UC).
FEMAPE es la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires y está conformada por más de 600 asociados que proveen de una amplia gama de productos y servicios al Estado Provincial y Nacional. La entidad es el eje que nuclea a los empresarios para acercarles oportunidades de negocios y representar sus intereses, participando activamente en la función pública como órgano consultivo y de colaboración.
La segunda edición de este informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes incluye datos estadísticos de los 24 poderes judiciales provinciales y de CABA.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
En nota dirigida a las autoridades del banco señalaron que "Esta demora desvirtúa el sistema legal de "pago en juicio" que contempla el art 277 de la Ley 20744, que fue concebido en tutela del crédito de la clase trabajadora."
El Decreto 971/2024 establece que las solicitudes ante la Administración Pública tendrán aprobación automática si no reciben respuesta en el plazo estipulado, excepto en áreas sensibles como salud, medio ambiente y servicios públicos. La medida comenzó el 1º de noviembre y apunta a acelerar gestiones en sectores no críticos.
El foro que reúne a todos los Consejos de la Magistratura de la República Argentina desarrolló actividades institucionales en las sedes de la SCBA y del Colegio de la Abo0gacía de La Plata.
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Mientras la conflictividad social se intensifica en Buenos Aires, la justicia enfrenta una acumulación récord de causas penales y civiles. A la falta de recursos y vacantes en el sistema judicial, se suma el retiro del Estado en áreas claves, lo que multiplica los desafíos en la provincia más poblada y diversa del país.
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