
Desafío Legal: Abogados Argentinos se levantan contra la Ley de Denuncia Obligatoria
Alejandro Carranza
La Plata -09-04-24–. La comunidad legal argentina se encuentra en un estado de agitación ante la reforma de la Ley 27.739 de lavado de activos que impone a los abogados la obligación de denunciar a sus propios clientes. Este controvertido paso del gobierno de Javier Milei ha provocado una ola de reacciones entre los profesionales del derecho, quienes argumentan que la medida atenta contra los principios fundamentales de la confidencialidad y el derecho a una defensa legal adecuada.
La normativa reformada bajo el pretexto de combatir el lavado de activos de origen ilegal, ha sido recibida con escepticismo y preocupación por parte de la comunidad legal argentina. Líderes de asociaciones de abogados han manifestado su firme oposición, subrayando que obligar a los abogados a convertirse en informantes del Estado socava los pilares mismos de la profesión.
El presidente del Colegio Público de Abogados, Ricardo Gil Lavedra entre otros expertos legales han advertido que esta medida podría tener serias implicaciones éticas y legales, y podrían desalentar a los ciudadanos de buscar asesoramiento legal, lo que podría resultar en un acceso restringido a la justicia.
En respuesta a esta controvertida ley, los abogados argentinos han intensificado sus esfuerzos de resistencia. Desde iniciativas legales hasta movilizaciones de activismo, la comunidad legal está unida en su determinación de impugnar esta medida que consideran injusta e inconstitucional; en este sentido el CPACF presentó un recurso de amparo dodne advierte que "Todas las actividades que desarrolla un abogado/a, tanto litigiosas como de asesoramiento o representación, se encuentran protegidas por el secreto profesional, pues se trata de información suministrada por sus clientes en el marco de la relación de confianza y reserva que requiere el ejercicio profesional."
A medida que la batalla legal se intensifica, el debate sobre los derechos fundamentales y la integridad del sistema legal argentino sigue en el centro de la agenda nacional.


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