Preocupación por el proyecto de divorcio administrativo: COLPROBA alerta sobre el riesgo para la seguridad jurídica

El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) expresó su profunda preocupación y rechazo al proyecto de ley 3287-D-2023, que plantea la creación del divorcio administrativo. Según la entidad, esta iniciativa representa un "grave riesgo" para la seguridad jurídica, ya que permitiría que los ciudadanos renuncien a derechos esenciales sin contar con el debido asesoramiento legal. La ausencia de este acompañamiento, señalan, podría dejar a las personas más vulnerables —como adultos mayores y personas con discapacidad— expuestas a situaciones de abuso y desprotección. 

COLPROBA también remarcó que el proyecto atenta contra las incumbencias profesionales de los abogados y amenaza la integridad de una institución clave como el divorcio, al afectar directamente el estado de familia. "La intervención de abogados es fundamental para garantizar la protección de los derechos de todas las partes", subraya el comunicado, alertando que la falta de asistencia legal puede traer consecuencias devastadoras.

Incongruencias con el Código Civil y riesgo de caos judicial

El Colegio advierte que la iniciativa presenta serias inconsistencias con el Código Civil y Comercial vigente, lo que podría generar confusión y abrir la puerta a un caos jurídico. En ese contexto, alertan sobre el peligro de que se celebren acuerdos viciados, aumentando la litigiosidad y generando conflictos judiciales prolongados que afectarían el bienestar y la estabilidad de las personas involucradas.

Otro de los puntos que preocupa especialmente a la entidad es la falta de protección adecuada para los sectores más vulnerables. "Sin el debido asesoramiento, muchas personas podrían quedar en una situación de indefensión, especialmente aquellos con menores recursos o con condiciones especiales que dificultan su acceso a la justicia", enfatizan desde COLPROBA.

Advertencia sobre estándares internacionales y derechos humanos

El Colegio también resaltó que el proyecto se aleja de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En contraste con otras jurisdicciones que han implementado mecanismos extrajudiciales de divorcio con salvaguardas, como la asistencia letrada obligatoria, esta iniciativa nacional deja a los ciudadanos sin la protección mínima necesaria.

Un llamado urgente a los legisladores

Desde COLPROBA piden a los legisladores que reconsideren el proyecto de divorcio administrativo y que trabajen en propuestas que refuercen las garantías jurídicas en los procesos familiares, en lugar de debilitarlas. "Nuestro compromiso es con la defensa del estado de derecho, el acceso a la justicia y la protección de los derechos de todos los ciudadanos", concluye el comunicado. 

Texto completo

COLPROBA ALERTA: PROYECTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO
El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires comunica su profunda preocupación y rechazo al proyecto de ley 3287-D-2023 sobre el divorcio administrativo, destacando los siguientes puntos críticos:

1. Riesgo a la seguridad jurídica
   La propuesta permite la renuncia a derechos fundamentales sin asesoramiento legal, exponiendo a los ciudadanos, especialmente a los vulnerables, a abusos.
2. Menoscabo de incumbencias profesionales
   La intervención de abogados es esencial para proteger adecuadamente los derechos en procesos de divorcio.
3. Incongruencias legales
   El proyecto presenta inconsistencias con el Código Civil y Comercial, lo que podría generar confusión y caos jurídico.
4. Riesgos de nulidades y litigiosidad
   Sin asesoramiento adecuado, los ciudadanos podrían quedar atrapados en acuerdos viciados, generando conflictos judiciales prolongados.
5. Desprotección de grupos vulnerables
   La propuesta no aborda adecuadamente las necesidades de personas con discapacidad o adultos mayores.
6. Contradicción con estándares internacionales
   Falta de salvaguardas esenciales, como la asistencia letrada obligatoria, que dejan a los ciudadanos indefensos.
7. El Colegio hace un llamado urgente a los legisladores para reconsiderar esta iniciativa y trabajar en propuestas que fortalezcan las garantías jurídicas en los procesos familiares. Reafirma su compromiso con el estado de derecho y la protección de los derechos de todos los ciudadanos.