El gobierno de Milei elimina el registro de Abogados y Gestores Administrativos en ANSES

La reciente decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar el registro de gestores para trámites de jubilaciones y pensiones en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha desatado una serie de críticas y preocupaciones entre los expertos en derecho y los defensores de los derechos de los jubilados. Aunque la medida, formalizada mediante la Resolución982/2024, busca simplificar los procedimientos y eliminar barreras burocráticas, surge la pregunta: ¿realmente se está facilitando el acceso a las prestaciones o se está dejando a los ciudadanos más vulnerables desprotegidos?

La derogación del Registro de Abogados y Gestores Administrativos, que había sido creado para proteger los derechos de los beneficiarios, significa que ahora cualquier persona, sin la debida formación legal, puede representar a los jubilados y pensionados ante ANSES. Esta situación crea un escenario preocupante donde los ciudadanos, que muchas veces no cuentan con el conocimiento necesario para navegar por el laberinto burocrático, quedan a merced de aquellos que pueden no tener los intereses de los beneficiarios en mente.

La supresión de este registro se enmarca en un contexto de emergencia económica y busca reducir la estructura estatal, pero las buenas intenciones no siempre garantizan resultados. Por un lado, la eliminación de requisitos burocráticos es sin duda un avance, pero por otro, podría generar una falta de protección legal. Los abogados, formados específicamente para manejar estos casos, pueden ofrecer el asesoramiento necesario y facilitar el proceso de obtención de derechos; su exclusión podría abrir la puerta a la desinformación y el abuso.

Además, la Ley N°27.742, que se presenta como un foco de transparencia y buena administración, no debe convertirse en un pretexto para despojar a los jubilados de la representación legal crítica. A medida que ANSES avanza hacia una administración más ágil, es fundamental considerar a quién se deja atrás en este proceso.

Con la eliminación del registro programada para noviembre, los ciudadanos se enfrentan al desafío de asumir una mayor carga en un sistema que ya se muestra complicado. La eficacia administrativa no debe convertirse en un riesgo para el bienestar de quienes, en su mayoría, ya han contribuido durante toda su vida laboral. Sin una representación adecuada, los jubilados podrían encontrarse más indefensos que nunca, y eso plantea una inquietante cuestión sobre el verdadero costo de esta simplificación administrativa.