
Durante la feria judicial de julio de 2025, la OVD atendió a 627 personas
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
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El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
Noticias11/11/2024El Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP) y la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia de Buenos Aires (FEPUBA), que nuclea a 27 entidades profesionales, manifestaron su enorme preocupación a raíz de un proyecto de ley que intenta desfinanciar la Caja de la Abogacía bonaerense.
La iniciativa, cuyo tratamiento fue previsto para este martes 12 de noviembre en la Cámara de Diputados bonaerense de forma completamente inconsulta, propone la derogación del artículo 12 inciso G de la Ley 6.716 del régimen legal de la Caja de Previsión Social para abogados sancionado en el año 1975.
La misma implica la eliminación de la sobretasa de justicia del 10 % sobre la tasa del 2,2 % aplicada al monto de las demandas, contribución que solo pagan quienes tienen bienes suficientes y de la que están exentos aquellos que cuentan con el Beneficio de Litigar sin Gastos y los casos relacionados con la ley de defensa del consumidor y del usuario.
Establecido en 1988, este recurso tiene carácter solidario y cumple una función social clave: financiar asignaciones por nacimiento, adopción y cuidado de hijos con discapacidad, además de cubrir a abogados que, por razones de salud, no pueden ejercer temporalmente su profesión.
“Los colegios profesionales son verdaderos garantes del orden y la independencia del ejercicio profesional y hoy necesitamos que sean cada vez más fuertes”, sostuvieron desde el colegio y la federación, y remarcaron la importancia de defender la democracia, los Derechos Humanos y la garantía de un verdadero estado de derecho.
“El rol de los colegios profesionales es esencial, son parte de la historia y el presente de nuestra provincia, son guardianes del funcionamiento y la integridad del sistema legal”, continuaron, al tiempo que solicitaron a los diputados ser convocados para participar de un debate tan trascendental para el desarrollo de la profesión.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Una denuncia por abuso sexual entre adolescentes, marcada por el stealthing y el hostigamiento escolar, derivó en un inédito proceso de justicia restaurativa en La Plata. Sin juicio ni condena penal, el enfoque apuntó a la asunción de responsabilidad, la reparación del daño y la prevención de nuevas violencias.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
El tribunal interamericano afirmó que el cuidado constituye un derecho humano autónomo, con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Los Estados deben garantizarlo de manera progresiva y con enfoque de igualdad.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.