
Durante la feria judicial de julio de 2025, la OVD atendió a 627 personas
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
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El pedido lo realizó el abogado Marcelo Peña, destacado penalista y Director del Instituto Criminalidad Económica del Colegio de Abogados de La Plata
Noticias29/09/2021Una de las consecuencias de la pandemia del Covid-19 y el aislamiento fue la explosión de las operaciones comerciales y financieras a través de medios telemáticos. Claro, una gran parte de la ciudadanía debió aprender del día a la noche a gestionar desde sus móviles y otros dispositivos compras, pagos, trámites entre otras operaciones; pero con ello, las estafas derivadas del robo de datos, suplantación de identidad y otras formas delictuales explotaron a la par.
Entre tanto el Poder Judicial - que tampoco estaba preparado tecnológicamente para la gestión cotidiana de la rutina- empezó a tratar de asimilar la avalancha de denuncias por estafas virtuales.
En esta línea el abogado platense Marcelo Peña, Director del Instituto Criminalidad Económica del Colegio de Abogados de La Plata, elevó una nota al Procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand al efecto de crear dentro del Departamento Judicial de La Plata, una Unidad Funcional de Investigación especializada en la lucha contra los delitos informáticos.
En el cuerpo de la nota, Peña señala que "(Es) extremadamente necesario en nuestro Depto. Judicial La Plata, más allá del núcleo de propuestas, organización y requerimiento de directivas a los Agentes Policiales de Investigación la desmesurada congestión de investigaciones que infructuosamente culminan en la temática Unidad Funcional de Autores Ignorados ( Ufi 9 ), a diferencia en lo que sucede en Mar del Plata y/o Azul entre otros(...)"
Y agregó: "Para mejorar como dije antes se requiere de una Fiscalía que se especialice en la temática, y que prepare a los auxiliares de la justicia en el tema, ya que como referí ut supra, es una transgresión que requiere del aporte de la tecnología y, no es concebible que hoy en la Ciudad La Plata no exista un ámbito donde realizar una escucha telefónica en vivo, ya que la DAJUDECO, no cuenta con los equipos adecuados, y todos los requerimientos deben llevarse a cabo en la ciudad de Buenos Aires donde los requerimientos son a través de líneas telefónicas en las cuales los operadores no brindan información, por lo cual hoy en día se produce un diferimiento de las intervenciones de la comunicaciones de una semana, es decir siempre se está atrás de los delitos."
La nota resalta que en La Plata "(...)la Dirección de Investigaciones de nuestra ciudad ( DDI) está colapsada y a nuestra vista desprovista de infraestructura e instrumentación, más allá de la valoración de su esfuerzo y capacitación, debe también ser el Agente Fiscal “ seleccionado” el instruido para su pronta intervención con especialistas en informática en su equipo y encargue con conocimiento ” de ésa prima facie impulso en su instrucción y consecuente investigación."
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Una denuncia por abuso sexual entre adolescentes, marcada por el stealthing y el hostigamiento escolar, derivó en un inédito proceso de justicia restaurativa en La Plata. Sin juicio ni condena penal, el enfoque apuntó a la asunción de responsabilidad, la reparación del daño y la prevención de nuevas violencias.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
El tribunal interamericano afirmó que el cuidado constituye un derecho humano autónomo, con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Los Estados deben garantizarlo de manera progresiva y con enfoque de igualdad.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.