| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
La Defensoría del Pueblo bonaerense y la de la Ciudad de Buenos Aires se presentaron como amicus curiae en la causa judicial de Natalia Denegri contra Google, donde la ex modelo reclama que se aplique el “derecho al olvido” y que el buscador desindexe contenidos de televisión y fotos protagonizados por ella en la década del 90.
Noticias09/03/2022
Alejandro Carranza
La Justicia le dio la razón a Denegri en primera y en segunda instancia, pero Google apeló y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que, más allá de la determinación a tomar, establecerá un estándar sobre si las personas pueden pedir a los buscadores que dejen de exponer noticias del pasado que consideran perjudiciales.
El escrito presentado esta mañana señala que el encuadre normativo para dar solución a la cuestión en debate está en el campo del hábeas data y que por ello resulta apropiado la desindexación o el deslistado de la información personal. “Tenemos derecho a la protección de la privacidad, reconociendo la dignidad de las personas y la prohibición de injerencias arbitrarias o abusivas a la vida privada”, destaca.
Además, se manifiesta que los derechos en materia de datos personales también deben garantizarse por el entorno digital y que de esta manera las personas puedan controlar qué acciones realizan terceros con su información.
Entre las conclusiones del documento se expresa: “Sabemos que es un caso complejo, pero el Tribunal se encuentra frente a una indudable oportunidad para discutir los desafíos que impone el entorno digital en relación con la protección de los datos personales”.
El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, sostuvo que “la Corte tiene en sus manos un caso que va a fijar la dinámica de desempeño de los derechos humanos en el presente y futuro. Le pedimos que contemple la trascendencia social de esta decisión”.
En tanto, la Defensora del Pueblo porteña, María Rosa Muiños, indicó que “en estos tiempos en que la tecnología invade nuestras vidas, el ‘derecho al olvido’ se torna fundamental para proteger el derecho al honor y a la intimidad de las personas.
La revolución de las nuevas tecnologías es una realidad con la que convivimos a diario y nos obliga a repensar las regulaciones jurídicas para que podamos desarrollar libremente nuestro plan de vida sin injerencias externas”.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Una denuncia por abuso sexual entre adolescentes, marcada por el stealthing y el hostigamiento escolar, derivó en un inédito proceso de justicia restaurativa en La Plata. Sin juicio ni condena penal, el enfoque apuntó a la asunción de responsabilidad, la reparación del daño y la prevención de nuevas violencias.
El máximo tribunal contradice a la Cámara Federal y complica la situación del magistrado designado por el presidente Milei.
Un fallo reafirma que el régimen de cuidado personal compartido con modalidad alternada no implica automáticamente la supresión de la cuota alimentaria. La cuota alimentaria no es una penalidad, sino un derecho de los hijos y una expresión concreta de la corresponsabilidad parental.
El COLPROBA publicó en su sitio web una jurisprudencia clave para mediadores en un caso donde se pretendió eludir la mediación provincial acudiendo a la justicia nacional.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.