| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
Alejandro Carranza
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció en Mercedes que próximamente el poder Ejecutivo enviará a la legislatura de la provincia de Buenos Aires el proyecto de Ley de Ética Pública y Transparencia, cubriendo un vacío normativo de de 23 años.
Lo hizo durante el foro de Integridad, Transparencia y Ética Pública que se realizó con la presencia del intendente local Juan Ignacio Ustarroz.
Además se confirmó que en el mes de agosto el Foro se reunirá en Miramar con intendentes y secretarios de Gobierno de los municipios a los efectos de debatir el capítulo municipal de la Ley de Ética Pública y Transparencia cuya sanción se promoverá en la legislatura.
Alak y Ustarroz estuvieron acompañados de la subsecretaría de Transparencia Institucional, Ana Laura ramos y los intendentes José Luis Horna, del municipio de Roque Pérez; Sebastián Ianantuony del municipio de General Alvarado; Julio César Marini del municipio de Benito Juárez, Román Bouvier del municipio de Rojas, Luis Ignacio Pugnaloni del municipio de Hipólito Yrigoyen, Facundo Diz municipio de Navarro, Mauro Santiago García del Municipio de General Rodríguez y Leonardo Boto del Municipio de Luján; así como el subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Revora.
Participaron también de la jornada representantes de los municipios de Escobar, General San Martín, General Rodríguez, Luján, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón, Navarro, Suipacha, Arrecifes, Baradero, Carmen de Areco, Exaltación de la Cruz, Rojas, Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Carlos Casares, Chivilcoy, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, General Alvarado, General Belgrano, General Paz, Pila, Tandil, Benito Juárez, Guaminí, Bolívar, Roque Pérez, Saladillo y Veinticinco de Mayo; junto al Centro de Estudios para la Gobernanza, la Fundación Poder Ciudadano, WorldComplianceAssociation y Fundación Transparencia Activa, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y Oficina Anticorrupción de Nación.
La segunda edición de este informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes incluye datos estadísticos de los 24 poderes judiciales provinciales y de CABA.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
En nota dirigida a las autoridades del banco señalaron que "Esta demora desvirtúa el sistema legal de "pago en juicio" que contempla el art 277 de la Ley 20744, que fue concebido en tutela del crédito de la clase trabajadora."
El Decreto 971/2024 establece que las solicitudes ante la Administración Pública tendrán aprobación automática si no reciben respuesta en el plazo estipulado, excepto en áreas sensibles como salud, medio ambiente y servicios públicos. La medida comenzó el 1º de noviembre y apunta a acelerar gestiones en sectores no críticos.
El foro que reúne a todos los Consejos de la Magistratura de la República Argentina desarrolló actividades institucionales en las sedes de la SCBA y del Colegio de la Abo0gacía de La Plata.
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
Mientras la conflictividad social se intensifica en Buenos Aires, la justicia enfrenta una acumulación récord de causas penales y civiles. A la falta de recursos y vacantes en el sistema judicial, se suma el retiro del Estado en áreas claves, lo que multiplica los desafíos en la provincia más poblada y diversa del país.
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