El procurador Casal se reunió con una comitiva especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Ezequiel Casal, se reunió con una comitiva especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por la jueza del Tribunal Internacional, Nancy Hernández López, el secretario ejecutivo, Pablo Saavedra Alessandri, y la coordinadora de la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias, María Alejandra Pacheco Arias. El encuentro tuvo lugar, esta tarde, en la sede de la Procuración General de la Nación ubicada en la calle Teniente General Perón 667, en el microcentro porteño.

La visita tuvo lugar en el marco de las actividades de supervisión sobre el cumplimiento de sentencias de casos contra la República Argentina. Ello, a fin de mantener un contacto directo con autoridades y funcionarios públicos, en lo que respecta a la implementación de las medidas de reparación ordenadas en las sentencias del Tribunal internacional, en especial, respecto de la obligación de investigar, juzgar y, eventualmente, sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en perjuicio de las víctimas.

La CIDH está en Argentina para verificar el cumplimiento de sentencias

La reunión informal fue solicitada por la Corte Interamericana, a través de la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a fin de conocer los avances en el desempeño de las obligaciones impuestas al Estado argentino en los casos “Garrido y Baigorria”, “Torres Millacura”, y “Acosta Martínez”.

En el encuentro, a pedido de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, también estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Coordinación Institucional (SCI), la Directora Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, Gabriela Kletzel -por la representación del Estado argentino que esa dependencia ejerce ante los organismos internacionales de derechos humanos- y magistrados y funcionarios involucrados en la investigación y juzgamiento de hechos de violencia institucional y en los casos analizados en particular. En ese sentido, asistieron el titular y los secretarios de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), Alberto Adrián María Gentili, Emiliano Decanini y Gabriel Laino, y el auxiliar fiscal de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10, Juan José Taboada Areu.

También participaron, de manera remota, el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, Fernando Gabriel Alcaraz Miguez, y los fiscales subrogantes de la Fiscalía Federal y la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia,  Silvina Ávila y Mariano Sánchez, respectivamente.

Desde el MPF, se planteó que este tipo de reuniones sean realizadas en forma interinstitucional con los demás organismos del Estado involucrados en estas investigaciones para una mejor coordinación estatal frente a estos graves hechos y una respuesta efectiva a las víctimas, lo que receptado positivamente por la comitiva como una estrategia de trabajo futura.

Para contextualizar las acciones desarrolladas por el Ministerio Público Fiscal, en el marco de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, el procurador general Casal describió la organización y funcionamiento del sistema de administración de justicia en el nivel federal y su vinculación con los poderes judiciales, ministerios públicos y fuerzas de seguridad y penitenciarias provinciales, propia de la forma de gobierno federal.

En relación a la organización del Ministerio Público Fiscal, destacó el rol propio que le corresponde a las fiscalías en el impulso de la acción penal pública y las posibilidades de apoyo y colaboración en la investigación penal que les ofrecen las procuradurías, unidades fiscales especializadas y direcciones de la Procuración General de la Nación, como por ejemplo, el apoyo que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) brindaron en algunos de los casos mencionados.

Respecto a la PROCUVIN, se señaló que, para reforzar su especialidad temática y brindar un abordaje con criterios específicos en el análisis, investigación y juzgamiento sobre los delitos como los que analiza la Corte IDH, por medio de la Resolución PGN 64/2022, el 5 de octubre pasado se creó un área específica de “Desaparición Forzada de Personas”. Esa decisión se tomó en función de que este tipo de investigaciones representa uno de los ejes principales de las intervenciones de la PROCUVIN, marcado por una creciente cantidad de solicitudes de colaboración realizados por parte de las fiscalías y, especialmente, por el compromiso de llevar adelante investigaciones por desaparición forzada de personas dentro de un plazo razonable, con seriedad y eficiencia, ello en observancia de las obligaciones asumidas por el Estado en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas -que tiene jerarquía constitucional otorgada por la Ley 24.820- y la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Ley 26.298).

También se describió la realización y presentación del informe sobre los aspectos complejos de las investigaciones en casos de desaparición forzada de personas, que tiene como objetivo aportar herramientas para el litigio de este tipo de hechos y abarca las problemáticas más relevantes, desde las perspectivas penal y procesal. El documento también analiza las problemáticas más comunes a la hora de abordar este tipo de delitos, tal como las características del tipo penal y las formas de autoría y participación; el vínculo y abordaje con los familiares y allegados de la víctima; la competencia; la relevancia de los datos de contexto (ubicación geográfica, usos, costumbres y prácticas de lugar); y los criterios de valoración y argumentación legal en la materia.

Por otra parte, en razón de la directa e inescindible conexión que existe entre los criterios de política criminal y demás acciones del Ministerio Público Fiscal con la formación y el entrenamiento permanente de sus integrantes, se destacó que la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal y la PROCUVIN continúan ofreciendo cursos de capacitación sobre los conceptos fundamentales de la violencia institucional, dirigidos a todas/os las/los magistradas/os y funcionarias/os y agentes del MPF. En dichas capacitaciones se desarrollan las diversas formas en la que se manifiesta la violencia institucional, incluida la desaparición forzada de personas, se analiza la normativa nacional e internacional aplicable para la tipificación legal de los hechos y se transmite la importancia que representa este tipo de investigaciones.

Los casos de la CIDH

En el caso “Torres Millacura”, por sentencia del 26 de agosto de 2011, la CIDH instó al Estado a iniciar, dirigir y concluir las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como de determinar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la desaparición de Iván Eladio Torres Millacura.

Por su parte,  en las sentencias del 2 de febrero de 1996 y 27 de agosto de 1998, en el caso “Garrido y Baigorria”, la CIDH impuso a la Argentina la Argentina la obligación de investigar los hechos que condujeron a la desaparición de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, y someter a proceso y sancionar a sus autores, cómplices, encubridores y a todos aquéllos que hubiesen tenido participación en los hechos.

Finalmente, en el Caso “Acosta Martínez”, la sentencia de la CIDH del 30 de agosto de 2020 exhortó al Estado para que se promovieran y continuarán las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables por la detención arbitraria y la muerte de José Delfín Acosta Martínez.

En este contexto, los representantes de la PROCUVIN y de las fiscalías de Comodoro Rivadavia, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, describieron los avances en sus respectivas investigaciones.

Así, en “Torres Millacura”, se destacaron las dos sentencias condenatorias dictadas 2016 y 2021 contra cuatro oficiales de la Comisaría Primera de Comodoro Rivadavia de la Policía de la provincia de Chubut, y la continuación de la pesquisa por las irregularidades en la investigación del caso y la búsqueda de Iván Eladio Torres Millacura.

En “Garrido y Baigorria”, en donde el MPF asumió la investigación a comienzos de 2018, la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza describió los esfuerzos que se están llevando a cabo para la identificación y citación de testigos y personas allegadas al entorno de los nombrados que puedan aportar información relevante sobre su desaparición, y la identificación de los funcionarios y agentes de la Policía de la Provincia de Mendoza que pudieron haber tenido algún tipo de intervención y vinculación con los hechos de desaparición de las víctimas.

Desde la PROCUVIN y la Fiscalía de Instrucción N°10 de Buenos Aires, se describieron los avances en la investigación que se desarrolla desde marzo de 2019 por la detención y muerte de José Delfín Acosta Martínez y las acciones que se están llevando a cabo para la realización de un nuevo informe médico que pueda echar luz sobre la verdadera causa de fallecimiento del nombrado y poder avanzar con la imputación de quienes fueran sus responsables.

Por último, la comitiva de la Corte Interamericana y la representación del Estado agradecieron la amplia participación del Ministerio Público Fiscal, destacaron los avances de las causas y la buena predisposición para continuar trabajando de manera conjunta.