
La AABA se pronunció sobre la visita de Diputados libertarios a Genocidas
La importante asociación porteña denunció además el desmantelamiento de la política de Derechos Humanos
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La importante asociación porteña denunció además el desmantelamiento de la política de Derechos Humanos
El ex jefe de personal y un ex comisario recibieron 16 años de prisión. El Tribunal Oral Federal N°1 confirmó la categoría de lesa humanidad de los hechos juzgados, en consonancia con lo resuelto también ayer por la Sala III de la Cámara Federal de Casación, al confirmar la sentencia de 12 años de prisión impuesta a Levín en el primer juicio por estos hechos.
Por primera vez, una web del Estado argentino reúne la información de los más de 300 juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar (1976-1983) que tuvieron sentencia. Estos datos se suman al seguimiento en vivo de los debates que el sitio ya ofrecía.
Los retrasos de los procesos por desaparición forzada durante la dictadura militar pueden dar lugar a la impunidad por la muerte de los perpetradores o a que las víctimas mueran de vejez sin obtener justicia, señala el comité especializado en esa violación de los derechos humanos.
La visita se llevó a cabo en el marco de las actividades de supervisión del organismo sobre el cumplimiento de sentencias en los casos “Garrido y Baigorria”, “Torres Millacura”, y “Acosta Martínez” contra la República Argentina.
Busca la reinserción de los internos a través de oficios y talleres
Violó la presunción de inocencia y las garantías procesales de un reconocido jurista. El Comité solicita que se anule la sentencia contra Allan Brewer Carías, condenado por su presunta participación en el llamado “Decreto Carmona”, que establecía un gobierno de transición tras el golpe de estado de abril de 2002.
La composición de la Corte para la presente Sentencia fue la siguiente: Jueza Elizabeth Odio Benito (Presidenta); Juez Patricio Pazmiño Freire (Vicepresidente), Juez Eduardo Vio Grossi; Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot; Juez Humberto Antonio Sierra Porto; Juez Eugenio Raúl Zaffaroni, y Juez Ricardo Pérez Manrique.
La joven estuvo en coma durante dos semanas, antes de poder declarar. El y la fiscal federal Federico Iuspa y Mariela Labozzetta habían presentado un dictamen en el que requerían que se incorporen elementos de violencia de género presentes en el caso. Uno de los imputados es expareja de la víctima y fue procesado con prisión preventiva por lesiones triplemente agravadas.
El proyecto oficialista que propone eliminar la colegiación obligatoria se presenta como un alivio económico en tiempos de crisis. Pero detrás de la desregulación, los colegios de abogados advierten una amenaza más profunda: la pérdida de independencia profesional y el riesgo de concentrar el control del ejercicio profesional en manos del Estado.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.