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Una investigación preliminar desarrollada por la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) se logró establecer que terminales (computadores) del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habían efectuado casi 10 millones de consultas durante los años 2019 a 2022 la base de datos del RENAPER en el marco del Convenio de Cooperación Técnica suscripto en febrero de 2019 entre el RENAPER y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA.
Muchas de esas consultas no estarían justificadas en los motivos que el propio convenio establecía, por lo que podrían ser consideradas ilegítimas. Se constató además gran cantidad de consultas respecto a diferentes personas públicas (políticos, sindicalistas, dirigentes sociales, empresarios, fiscales, y jueces) sin una aparente justificación, incluidos los datos biométricos.
La investigación de la PIA se inició de oficio con motivo de las notas periodísticas que daban cuenta de lo resuelto en la actuación n° 783420/2022, caratulada “Observatorio de Derecho Informático Argentino O.D.I.A sobre otros procesos incidentales –amparo-otros” del registro del fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las Repercusiones
La Lista Celeste tal como se titula, expidió un comunicado donde señala que "Frente a la gravedad de los hechos denunciados por la PIA, en cuanto a que el Ministerio de Justicia y seguridad del GCBA realizó intromisiones que podrían significar el acceso ilegítimo a datos biométricos de magistradas/os del PJN, MPF y MPD, la Lista Celeste presentó una nota ante la AMFJN con el objetivo de salvaguardar la imperiosa manda constitucional vinculada a la independencia de las/os magistradas/os."
Así, se le pidió que se pronunciara al respecto y que convocara a la reunión prevista en la Comisión del MPF de manera conjunta con la Mesa Directiva del próximo miércoles, o en reunión ad hoc, lo más urgente posible.
También requirió que solicitara, sin dilación, la discriminación total de las/os involucradas/os de la administración de justicia, y que evaluara la posibilidad de presentarse como amicus curiae en la causa que actualmente instruye la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de CABA.
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