La UIA repudia la persecución a abogados en Nicaragüa.

La Unión Internacionalde Abogados (UIA)  a través de un comunicado de su Instituto para el Estado de Derecho (IROL) expresó su profunda preocupación por las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, dictadas los pasados 9 y 11 de mayo, por las que se suspendió definitivamente el derecho a ejercer la profesión y a ostentar el título profesional de abogado a 26 abogados y notarios  en el país.

La primera abogada que se vio privada de su condición por orden de la Corte Suprema el 9 de mayo, fue Yonarqui Martínez. Su caso es especialmente alarmante ya que la letrada también ha sido víctima de detenciones temporales, asedio e intimidación policial, así como de amenazas y abusos ilegítimos sobre su patrimonio.

Seguidamente, el 11 de mayo, la misma Corte, mediante otras dos resoluciones diferentes, suspendió el derecho a ejercer la profesión de otros 25 abogados, exigiéndoles la entrega inmediata de sus títulos, sellos y carnés. La decisión de la Corte Suprema es particularmente deplorable puesto que la suspensión se basa en el hecho de que estos letrados carecen de nacionalidad nicaragüense y, por lo tanto, no tienen derecho a ejercer la abogacía. Las resoluciones de la Corte Suprema hacen, sin embargo, caso omiso de la falsa premisa en la que se basan estas decisiones: en resoluciones dictadas por otros órganos del Poder Judicial el pasado mes de febrero de 2023, los abogados fueron despojados arbitraria y caprichosamente de la nacionalidad nicaragüense y fueron declarados "apátridas" o "traidores a la patria".

Las decisiones de la Corte Suprema, que son justificadas por la afirmación de que el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial puede decidir sobre la suspensión del ejercicio de la abogacía, carecen totalmente de fundamentación jurídica. 

En línea con su misión de defensa del Estado de Derecho y de la abogacía en particular, el UIA-IROL toma nota con grave preocupación de que las víctimas de esta decisión son letrados considerados como críticos con el gobierno nicaragüense y perseguidos principalmente por haber defendido, desde 2018, a presos políticos y a personas o empresas identificadas por el gobierno como opositores. La privación de la condición de abogado y la condena al exilio como consecuencia de la retirada de la nacionalidad son la culminación de un patrón y de una práctica de persecución de larga data contra estos abogados, lo que les ocasiona daños físicos, emocionales y psicológicos y vulnera los derechos fundamentales de los letrados.

La institución global de la abogacía está "asimismo, profundamente alarmada por la falta de independencia judicial que reflejan las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. En particular, señalamos que tales resoluciones y actuaciones de la Corte son contrarias a los principios y derechos humanos internacionalmente reconocidos por las Naciones Unidas, así como específicamente declarados por los organismos americanos e interamericanos." Particularmente preocupante es la privación por parte de las autoridades judiciales nicaragüenses de la nacionalidad a sus ciudadanos, derecho inalienable consagrado en todos los ordenamientos jurídicos civilizados (ver, entre otros, el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

El UIA-IROL condena enérgicamente toda injerencia en el libre desarrollo de la profesión de abogado en Nicaragua, así como cualquier decisión animada por razones políticas que conlleve la retirada de la nacionalidad a sus ciudadanos.

En consecuencia de lo todo lo anterior, el UIA-IROL se une a otras voces de la comunidad jurídica internacional y hace un llamamiento a las autoridades competentes y al gobierno nicaragüenses para que cumplan con sus obligaciones respecto al Estado de Derecho y a los derechos humanos, respetando la independencia y el libre ejercicio de la abogacía. Concretamente, se llama a las autoridades y al gobierno nicaragüenses a:

1. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso y el pleno ejercicio de la abogacía en Nicaragua, así como la seguridad e integridad de los abogados y notarios públicos que nombramos en esta declaración, y esto independientemente de los clientes a quienes representen;

2. Proteger a los abogados en Nicaragua y, en especial, a aquellos que se dedican a la defensa de los derechos humanos para que puedan llevar a cabo sus actividades profesionales sin temor a represalias, sin restricciones y con respeto a los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, adoptados en La Habana en 1990;

3. Garantizar y proteger todos los derechos y garantías incluidos en el derecho al debido proceso. Esto incluye el derecho a una defensa justa, a la igualdad procesal y al acceso a la justicia, así como a decisiones judiciales tomadas de forma independiente e imparcial y basadas en hechos y argumentadas en derecho.

El UIA-IROL recuerda que, en aplicación de los tratados que protegen los derechos y libertades fundamentales, el respeto de las normas y obligaciones internacionales en materia de justicia no es facultativo.

El UIA-IROL aprovecha esta oportunidad para expresar su apoyo incondicional y su solidaridad a todos los abogados nicaragüenses que, a pesar de los riesgos, siguen asumiendo plenamente y con valentía su papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y del Estado de Derecho en Nicaragua.