
La máxima entidad de la abogacía bonaerense advirtió de intentos de estafas virtuales mediante falsas comunicaciones en su nombre.
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Se encargará de combatir amenazas en el entorno digital y garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos del tribunal.
Noticias03/11/2023 Redacción
Por medio de la Acordada N° 32/2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso este jueves 2 de noviembre la creación de una Oficina de Ciberseguridad que funcionará bajo la órbita de la Dirección de Sistemas y tendrá como misión gestionar la seguridad del tribunal en esta materia, garantizando “la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y sistemas, mediante una gestión proactiva frente a amenazas cibernéticas y promoviendo una cultura robusta de seguridad informática”.
La flamante dependencia asumirá, entre otras funciones, las de supervisar y proteger la infraestructura tecnológica para detectar, prevenir y neutralizar actividades maliciosas a través de un monitoreo constante; y realizar una evaluación continua de vulnerabilidades y riesgos, diseñando e implementando estrategias para mitigarlos. Además, instrumentará programas de capacitación y concientización para el personal, que promuevan prácticas seguras en el uso de tecnologías.
Sus objetivos apuntan a desarrollar estrategias proactivas para prevenir ataques y brechas de seguridad, establecer instancias de formación interna en base a las mejores prácticas y tendencias disponibles, asegurar el alineamiento de las operaciones y los sistemas con la normativa vigente y mantener protocolos claros y efectivos para una respuesta rápida ante eventuales incidentes.
En sus considerandos, los ministros firmantes sostuvieron que la Corte, “como custodio de información crítica y sensible, tiene la responsabilidad ineludible de garantizar la resiliencia y protección de sus sistemas informáticos frente a cualquier amenaza cibernética”; y que la supervisión de la operatividad, seguridad y resiliencia de los sistemas informáticos del Máximo Tribunal resulta fundamental “para garantizar el acceso efectivo a la justicia, proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y fortalecer el Estado de Derecho en un entorno digital”.

La polémica por la conducta del juez civil Carlos Goggi vuelve a poner en el centro del debate la defensa de la dignidad profesional de los abogados y la vigencia de la Ley de Honorarios (27.423). Las entidades de la abogacía remarcan que no está en discusión la independencia judicial, sino la obligación de respetar la ley y los precedentes.

Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.

Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.

La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Un juzgado bonaerense sentenció al progenitor a pagar $542.183 mensuales por su hija, utilizando por primera vez el costo oficial de la Canasta de Crianza como parámetro. Además, dispuso que el fallo sea notificado con un video explicativo en lenguaje claro generado por IA y enviado por WhatsApp, garantizando la comprensión y el acceso a la justicia.

En la previa del Congreso internacional de la lengua española, se reúne en Lima la red de lenguaje claro más grande de la región.

Las bases de la abogacía hacen una petición formal al gobernador Axel Kicillof y al Senado provincial para que se cubran las vacantes en la Suprema Corte de Justicia. Advierten que el máximo tribunal funciona con menos de la mitad de sus miembros y que esa situación afecta derechos, independencia judicial y calidad institucional.

La máxima entidad de la abogacía bonaerense advirtió de intentos de estafas virtuales mediante falsas comunicaciones en su nombre.