| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
Alejandro Carranza
Recientemente, se ha documentado un aumento en las restricciones y el hostigamiento hacia los periodistas en Argentina por parte del gobierno del libertario Javier Milei, no solamente de sus funcioanrios sino que ha sido el mismo presidente argentino quine desde sus redes sociales ha descalificado a periodistas, especialmente mujeres. Tal nivel de agresión motivó a diversas organizaciones a advertir la gravedad de la situación sin que por ello haya mermado o dismunuído la violencia verbal; por ello la sección argentina de Amnistía Internacional elevó una nota a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a las relatorías de libertad de expresión, de operadores de la justicia y derechos humanos un extenso informe donde se detalla y relatan una serie de eventos que constituyen, desde la perspectiva de Amnistía Internacional, un "ensañamiento y agresión contra periodistas, utilizando las redes sociales y otras estrategias para generar el efecto de silenciamiento y “asesinato de reputación”"
El caso de Silvia Mercado es emblemático; su acreditación fue revocada arbitrariamente tras cumplir con los requisitos establecidos por el gobierno, lo que resalta la falta de transparencia y el riesgo de represalias hacia los informadores.
Este tipo de situaciones subraya la necesidad de un marco objetivo y plural para la acreditación de periodistas
Estas condiciones reflejan un intento por parte del gobierno de establecer un control más riguroso sobre quién puede acceder a las fuentes de información.
El hostigamiento en redes sociales y la censura han incrementado, limitando la capacidad de los periodistas para ejercer su labor. La presión por parte de funcionarios públicos y la falta de protección para los periodistas pueden llevar a un clima de miedo que impida la libertad de expresión consigna el informe suscrito por Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sección Argentina. Finalmente la organziación solicita a la CIDH y las Relatorías Especiales tomen conocimiento de estos graves hechos y considere:
i. Exhortar al Estado argentino a pronunciarse sobre la importancia de proteger los derechos a la libertad de expresión y prensa y el rol central que ocupa el periodismo en un estado de derecho
ii. Exhortar al Estado argentino a que se abstenga del uso de discursos y mensajes criminalizantes sobre la labor de periodistas y medios de comunicación.
iii. Considerar la relevancia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – de la mano de las Relatorías Especiales- elabore mecanismos y respuestas para contrarrestar las prácticas de los Estados de utilizar discursos estigmatizantes y narrativas que procuran desacreditar al periodismo y silenciar y censuras las críticas.
iv. Considerar la relevancia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – de la mano de las Relatorías Especiales- establezca y explicite recomendaciones específicas sobre el rol de los funcionarios públicos y el impacto en las comunicaciones del Estado, en el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y el rol del periodismo.
