Desregular no siempre es liberar

El proyecto de ley 1677-D-2025, presentado por la diputada nacional Marcela Pagano, se inscribe en una lógica aparentemente sencilla: eliminar tasas, matrículas y cuotas obligatorias para que los profesionales puedan ejercer sin trabas. Bajo esta consigna, propone reemplazar los colegios profesionales por un Registro Nacional de Profesionales, gratuito y gestionado por el Estado. Menos papeles, menos plata, más libertad. ¿O no?

La iniciativa tiene un aire moderno, antiprivilegios, casi libertario. Pero si uno mira de cerca, lo que promete liberar bien podría terminar atando. Porque detrás del eslogan desregulador hay una serie de consecuencias institucionales que podrían poner en jaque algo mucho más importante: la independencia del ejercicio profesional.

Del colegio al ministerio
Los colegios profesionales, con todos sus problemas, cumplen una función que no es menor: son organizaciones de los propios profesionales que regulan su actividad, controlan la ética, garantizan formación continua y, en muchos casos, ofrecen defensa gremial y acceso a justicia gratuita. No son solo oficinas de cobro. Son estructuras de autogobierno profesional.

Eliminar la matrícula obligatoria sin reemplazar estas funciones por algo equivalente no es solo “simplificar”, es desarmar una red de protección colectiva. Y reemplazarla por un registro estatal centralizado, como propone el proyecto, no es neutral. Es, en los hechos, recentralizar en manos del Estado algo que hoy es gestionado por los propios actores de cada profesión.

La voz de la abogacía
Los primeros en alzar la voz fueron los colegios de abogados. La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Colegio de Abogados de San Isidro (CASI) emitieron comunicados categóricos. Señalan que el proyecto no solo debilita a las organizaciones profesionales, sino que desconoce la estructura federal del país: en la mayoría de las provincias, la matrícula está regulada por leyes locales y es parte de una función pública no estatal.

También advierten sobre algo que suele pasarse por alto: sin colegios fuertes, el profesional queda solo. Y sin una comunidad que lo respalde, ¿qué tan libre es su ejercicio frente a un poder político que puede cambiar las reglas desde un ministerio?

Profesionalismo o precarización
La otra gran preocupación es la desprofesionalización. Sin colegiación, ¿quién va a garantizar la actualización, la ética, la defensa técnica? ¿Quién va a evitar que la lógica de mercado puro convierta al ejercicio profesional en una carrera de precios bajos y servicios deficientes? Lo que se presenta como “libertad de ejercer” puede ser, en realidad, libertad de precarizar.

No se trata de defender estructuras burocráticas por nostalgia. Se trata de comprender que la verdadera libertad profesional requiere instituciones autónomas, con capacidad de control y financiamiento, y no una dependencia directa del Estado, que puede ser tan o más opresiva que cualquier colegio.

El dilema de fondo
Es cierto que el contexto económico actual —marcado por una recesión profunda producto de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei— pone en tensión la posibilidad real de muchos profesionales de cumplir con sus obligaciones colegiales. Cuotas altas, ingresos inestables y la caída de la demanda de servicios hacen que las estructuras tradicionales resulten, en muchos casos, inaccesibles. Pero reconocer ese problema no habilita a dinamitar el sistema.

La respuesta no puede ser el vaciamiento institucional ni la recentralización del control en el Estado. Hace falta revisar, reformar y transparentar las prácticas de los colegios, sí. Pero también sostener su rol como garantes de la independencia y calidad profesional. Porque sin comunidad, sin reglas comunes, sin instituciones que nos defiendan, no hay libertad posible. Solo precariedad.

Declaración de FACA