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Así lo definieron 18 de los 20 miembros del órgano que elige y remueve jueces y dedicará la próxima reunión a elegir el vicepresidente y las autoridades de las cinco comisiones que tiene el organismo: Selección de Magistrados y Escuela Judicial; Disciplina; Acusación; Administración y Financiera y Reglamentación.
Noticias23/03/2023 TELAM
La máxima instancia de decisión del Consejo de la Magistratura, la reunión plenaria de consejeros, volverá a activarse el próximo 4 de abril, según definieron este miércoles 18 de los 20 miembros del órgano que elige y remueve jueces.
La votación en el plenario es el paso obligado para que se eleven ternas de magistrados al Poder Ejecutivo o se defina la remoción de un juez, entre otras atribuciones.
A raíz de la declaración de inconstitucionalidad de su integración en diciembre de 2021, el conflicto de poderes por la designación del representante del Senado por la segunda minoría y las tensiones entre oficialismo y oposición, desde julio del año pasado el Consejo no podía concretar un plenario.
La reunión de labor de este miércoles, en la que se fijó la fecha, estuvo presidida por el también titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y transcurrió en una clima de "concordia", según calificaron fuentes del organismo.
Las reuniones de consejeros suelen estar cruzadas por la agenda política y no son ajenas a su dinámica los enfrentamientos y discusiones pero esta vez se dejaron de lado ante la perspectiva de volver a funcionar, remarcaron desde el Consejo.
En el próximo plenario la prioridad será elegir el vicepresidente y las autoridades de las cinco comisiones que tiene el organismo: Selección de Magistrados y Escuela Judicial; Disciplina; Acusación; Administración y Financiera y Reglamentación.
Además, los consejeros académicos, abogados, jueces y legisladores acordaron que los días de plenario serán los miércoles.
La Corte Suprema declaró inconstitucional la integración del Consejo en diciembre del 2021 y luego impugnó la elección por parte del Senado del consejero senador Martín Doñate, iniciando así un proceso de adecuación y un conflicto de poderes que inmovilizó a la institución creada en la reforma de 1994 hasta este miércoles.
Con la promulgación de la Ley 15.610, el Gobierno bonaerense introdujo modificaciones sustanciales al régimen de adopción, incorporando nuevos principios, plazos más definidos y mayores garantías para niños, niñas y adolescentes.
La Asociación Civil denunció que el proyecto de "Ley de Modernización Laboral" no fue debatido públicamente y generará una destrucción masiva de empleos de calidad, beneficiando únicamente a los grandes grupos económicos concentrados.
El proyecto del Gobierno redefine la relación entre capital y trabajo, facilita el despido, reduce derechos históricos y limita la acción sindical. Una reforma que, lejos de modernizar, reinstala un modelo de desprotección incompatible con los estándares constitucionales y de la OIT. Deroa el estatuto del Periodista, el régimen de teletrabajo, del viajante de comercio y le resta derechos a los trabajaores extranjeros. La CGT convocó a una marcha en protesta para el próximo jueves 18 a las 15 hs. en Plaza de Mayo.
Autoridades del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal recibieron a integrantes de la Asociación Iberoamericana de Profesionales de la Comunicación Judicial (JusCom), con el objetivo de explorar posibles líneas de colaboración entre ambas instituciones.
El tribunal de enjuiciamiento removió por unanimidad a Julieta Makintach por conductas incompatibles con la función judicial. Dirigentes del Colegio de la Abogacía de La Plata integraron el jury y respaldaron un veredicto que marca un precedente en la Justicia bonaerense.
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El dato surge de las denuncias recibidas por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte en 2024. Hubo 3484 personas denunciadas y la justicia dictó 4474 medidas preventivas.
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El Gobierno Nacional formaliza el cierre de la gestión de Stella Maris Martínez al frente del Ministerio Público de la Defensa, priorizando una reconfiguración operativa ante el crecimiento de la demanda de servicios de asistencia legal pública.