
El Decreto 780/2024: Un Peligro para la Libertad de Prensa en Argentina
El Circulo de Periodistas de la provincia de Buenos Aires rechazó el decreto de Milei que restringe el acceso a la información pública
Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
El Circulo de Periodistas de la provincia de Buenos Aires rechazó el decreto de Milei que restringe el acceso a la información pública
El capítulo argentino de la ONG pidió a la Corte Interamericana de Justicia que considere exhoirtar al gobierno libertario a que "se abstenga del uso de discursos y mensajes "criminalizantes sobre la labor de periodistas y medios de comunicación"
Lo publicó a través de la Secretaría de Jurisprudencia. Es un nueva compilación de los pronunciamientos más relevantes en la materia.
Nuevamente FOPEA se ve en la obligación de expresarse por el tenor de las declaraciones del Presidente argentino contra el periodismo.
Estela de Carlotto resaltó que “es alentador saber” que en Alemania “Google y YouTube han tomado medidas para prohibir contenido de este tipo en sus reglas de uso (como el contenido que niega o minimiza el Holocausto), reconociendo la importancia de no permitir que se difundan falsedades sobre eventos históricos tan trascendentales y dolorosos”.
La joven estuvo en coma durante dos semanas, antes de poder declarar. El y la fiscal federal Federico Iuspa y Mariela Labozzetta habían presentado un dictamen en el que requerían que se incorporen elementos de violencia de género presentes en el caso. Uno de los imputados es expareja de la víctima y fue procesado con prisión preventiva por lesiones triplemente agravadas.
El proyecto oficialista que propone eliminar la colegiación obligatoria se presenta como un alivio económico en tiempos de crisis. Pero detrás de la desregulación, los colegios de abogados advierten una amenaza más profunda: la pérdida de independencia profesional y el riesgo de concentrar el control del ejercicio profesional en manos del Estado.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.