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Los relatores especiales afirman que el proceso disciplinario contra Charlotte Proudman puede enviar un "mensaje desconcertante"
Las más de 27.000 agresiones a menores verificadas por la ONU durante el año pasado incluyen matanzas, mutilaciones o reclutamiento de niños, entre otras actividades ilícitas. El número de ataques a escuelas y hospitales aumentó un 112%.
Fue en el marco de la revisión que hace periódicamente el comité especializado encargado de verificar que los Estados cumplan con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ACIJ, junto a otras organizaciones, se había presentado ante dicha entidad para denunciar las barreras que enfrenta este grupo en el ejercicio de sus derechos.
Los retrasos de los procesos por desaparición forzada durante la dictadura militar pueden dar lugar a la impunidad por la muerte de los perpetradores o a que las víctimas mueran de vejez sin obtener justicia, señala el comité especializado en esa violación de los derechos humanos.
La experta independiente se refiere a las sanciones secundarias, es decir, las que se derivan de sanciones unilaterales impuestas por ciertos países y que tienen por objeto que terceras partes -Estados, entidades comerciales y particulares- comercien con los países sujetos a sus sanciones.
Dentro de los firmantes se encuentra Fabián Salvioli, prestigioso abogado y académico platense quien además es Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición
Está opinión es a título estrictamente personal del autor y fue publicada en sus redes sociales para ser compartida con sus contactos y no refleja ni expresa posición o decisión alguna en sus roles institucionales.
Este marco ético define valores y principios comunes que guiarán y garantizarán un desarrollo saludable de esta tecnología. Afirma que todos los individuos deberían poder acceder a sus registros de datos personales o incluso borrarlos y prohíbe explícitamente el uso de sistemas de inteligencia artificial para la calificación social y la vigilancia masiva.
El CALP junto a la Caja de la Abogacía intervinieron su sede.
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
Mientras la conflictividad social se intensifica en Buenos Aires, la justicia enfrenta una acumulación récord de causas penales y civiles. A la falta de recursos y vacantes en el sistema judicial, se suma el retiro del Estado en áreas claves, lo que multiplica los desafíos en la provincia más poblada y diversa del país.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
La segunda edición de este informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes incluye datos estadísticos de los 24 poderes judiciales provinciales y de CABA.