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La resolución, firmada por los camaristas María González y Alejandro Subera, atendió el pedido de la CGT, firmado por su secretario general Héctor Daer, para que se levante la feria y se evalúe el pedido de suspensión del decreto de necesidad y urgencia.
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La sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo definió este martes habilitar el receso judicial para tratar el recurso presentado a fin de año por la CGT contra el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 emitido por el Gobierno de Javier Milei que cambia las condiciones de contratación laboral en el país.
La resolución, firmada por los camaristas María González y Alejandro Subera, atendió el pedido de la CGT, firmado por su secretario general Héctor Daer, para que se levante la feria y se evalúe el pedido de suspensión del decreto de necesidad y urgencia.
En el primer punto de la petición, la CGT solicitó que "se decrete la medida cautelar solicitada de suspensión de la aplicación del “Título IV Trabajo” del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023".
En la misma resolución, los jueces González y Subera trasladaron el expediente al Ministerio Público Fiscal para que emita un dictamen.
"Esta Sala considera que, frente a las particularidades del caso, lo traído a consideración amerita la apertura de la habilitación de la feria judicial solicitada, lo que así se resuelve", señalaron los camaristas.
La Asociación Civil denunció que el proyecto de "Ley de Modernización Laboral" no fue debatido públicamente y generará una destrucción masiva de empleos de calidad, beneficiando únicamente a los grandes grupos económicos concentrados.
El proyecto del Gobierno redefine la relación entre capital y trabajo, facilita el despido, reduce derechos históricos y limita la acción sindical. Una reforma que, lejos de modernizar, reinstala un modelo de desprotección incompatible con los estándares constitucionales y de la OIT. Deroa el estatuto del Periodista, el régimen de teletrabajo, del viajante de comercio y le resta derechos a los trabajaores extranjeros. La CGT convocó a una marcha en protesta para el próximo jueves 18 a las 15 hs. en Plaza de Mayo.
Autoridades del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal recibieron a integrantes de la Asociación Iberoamericana de Profesionales de la Comunicación Judicial (JusCom), con el objetivo de explorar posibles líneas de colaboración entre ambas instituciones.
El tribunal de enjuiciamiento removió por unanimidad a Julieta Makintach por conductas incompatibles con la función judicial. Dirigentes del Colegio de la Abogacía de La Plata integraron el jury y respaldaron un veredicto que marca un precedente en la Justicia bonaerense.
Es por la presunta complicidad de la magistrada Julieta Makintach en la grabación de un documental durante el juicio por la juetre del astro del fútbol argentino, Diego Maradona.
La polémica por la conducta del juez civil Carlos Goggi vuelve a poner en el centro del debate la defensa de la dignidad profesional de los abogados y la vigencia de la Ley de Honorarios (27.423). Las entidades de la abogacía remarcan que no está en discusión la independencia judicial, sino la obligación de respetar la ley y los precedentes.
La Asociación Civil denunció que el proyecto de "Ley de Modernización Laboral" no fue debatido públicamente y generará una destrucción masiva de empleos de calidad, beneficiando únicamente a los grandes grupos económicos concentrados.
El autor es Abogado UNLP . Asesor sindical . Director comisión derecho colectivo asociacion laboralistas platenses. Miembro instituto derecho laboral Colegio Publico. Diplomado derecho colectivo Untref . Maestrando derecho laboral Uba . Docente.
Separado de su pareja, P. se enteró de que padecía una enfermedad terminal. En un audio a su abogado, certificado luego ante un escribano, le pidió protegerla. Tras su muerte, el hermano intentó excluir a la viuda de la herencia. La Corte Provincial, por mayoría, tuvo en cuenta la voluntad de reconciliación y cuidado del fallecido hacia su esposa, y rechazó el planteo.
El dato surge de las denuncias recibidas por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte en 2024. Hubo 3484 personas denunciadas y la justicia dictó 4474 medidas preventivas.