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Monseñor Ojea advirtió sobre "la demonización del delito de los menores en los medios"
Noticias26/08/2024
Alejandro Carranza
El sábado 24 de agosto de 2024, la parroquia San José de la diócesis de San Justo fue el escenario de una nueva jornada de la Pastoral Judicial, donde funcionarios judiciales de diversas extracciones respondieron al llamado de Monseñor Oscar Ojea. El objetivo fue establecer un contacto directo con los vecinos de los barrios populares, con el fin de conocer de primera mano sus conflictos y necesidades de acceso a la justicia en un contexto de marginación social.
Esta iniciativa, que asiste con techo y comida a más de 1500 personas, abordó preocupaciones críticas como la baja de la edad de imputabilidad, el hambre y el avance del narcotráfico en las periferias ante la ausencia del Estado.
Participación de Autoridades
Entre los presentes se encontraban figuras destacadas como el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand; los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar y Angela Ledesma; así como la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham. También participaron representantes de organizaciones barriales, sociales y sindicales.
Mensajes Clave
Durante la jornada, Conte Grand subrayó la importancia de "proteger a los más vulnerables", especialmente a los niños, afirmando que este es un mandato del Ministerio Público desde su juramento en 2016. Este fue el tercer encuentro de este año, que se suma a los realizados en el barrio 1-11-14 de la CABA y en el Hogar del Padre Cajade en La Plata.
Monseñor Ojea enfatizó la necesidad de un Estado activo que se haga cargo de las necesidades de la gente, advirtiendo sobre la demonización del delito de los menores en los medios. “Debemos ver la película entera de esa vida para no tener una visión parcial de lo que pasa”, dijo, señalando que el problema es de adultos que deben facilitar la reinserción social.
Crisis Social y Demandas
Los habitantes de los barrios expresaron su preocupación por la falta de trabajo y alimentos, así como la criminalización y represión de los niños. La expansión del narcotráfico se presenta no solo como un problema de drogas, sino también como un proveedor de trabajo y servicios en comunidades marginales, profundizando la fragmentación del tejido social.
Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reveló que la Defensoría tuvo que llegar a la Corte Suprema para que el Estado distribuyera alimentos tras 7 meses de espera. “La demanda que se escucha en los barrios es que falta justicia”, afirmó.
Reflexiones Finales
La jueza Ledesma recordó que la jurisprudencia establece que "no puede existir prisión perpetua para los menores". Por su parte, el juez Slokar concluyó: “La justicia es un derecho, esencialmente de los más débiles. El hambre es un crimen y su encierro, una perversión”.
La jornada culminó con un llamado a la acción, donde los magistrados escucharon las preocupaciones de los asistentes, que incluían mujeres, niños y ancianos, reflejando la urgencia de abordar la crisis social que afecta a las periferias.
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