
Durante la feria judicial de julio de 2025, la OVD atendió a 627 personas
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
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Así lo aseguró, la abogada Sara Cánepa en declraciones a CNN Radio. La eliminación de la obligatoridad de presentar la documentación de menores al momento de abordar un transporte.
Noticias06/02/2025 RedacciónBuenos Aires, 7 de febrero de 2025 La reciente decisión del gobierno argentino de dispensar a las empresas de transporte internacional de solicitar documentación para menores de edad ha encendido alarmas entre expertos en derechos humanos, quienes advierten sobre los riesgos que esta medida puede representar para la niñez y adolescencia en el país.
Sara Cánepa, abogada con una sólida trayectoria en la defensa de los derechos de los niños, se expresó con firmeza sobre la cuestión en una entrevista en CNN Radio Argentina. La normativa busca simplificar los procesos para las empresas, eliminando un doble control que existía previo a esta resolución, donde los menores debían presentar documentación tanto a la empresa de transporte como al control de migraciones. Sin embargo, esta simplificación podría dejar a los menores expuestos a situaciones de riesgo, ya que la efectividad del control migratorio no siempre está garantizada.
Cánepa subrayó que, en un contexto en el que se registran casos de menores trasladados ilegalmente —ya sea por parte de uno de sus padres o de grupos dedicados a la trata de personas—, quitar estos controles es un paso en la dirección equivocada. “Estamos haciendo un supuesto de que el control migratorio funciona bien, y eso no es real”, enfatizó la abogada, añadiendo que la medida podría facilitar el trabajo de quienes tratan de aprovecharse de la vulnerabilidad de los niños.
La abogada hizo hincapié en la situación de los menores, quienes se encuentran en el epicentro de delitos que generan enormes ganancias, como la trata de personas, el tráfico de drogas y la prostitución. “Los más vulnerables son los niños, niñas y adolescentes”, advirtió, recordando casos concretos como la desaparición de Loan Peña, un joven reportado como desaparecido desde el 13 de junio de 2024 y que se sospecha fue víctima de un secuestro.
Además de esta problemática, Cánepa también abordó la reciente decisión del gobierno de modificar la Ley de Identidad de Género. Aseguró que no es necesaria una modificación, ya que los tratamientos hormonales y quirúrgicos están prohibidos para menores de 18 años, salvo que cuenten con el consentimiento de los padres y la aprobación de un juez. “Aquí hay un doble juego”, afirmó, evidenciando la confusión que puede generar la normativa en un ámbito tan delicado.
La preocupación por el bienestar de los menores en Argentina es innegable y, en este contexto, es vital que se implementen medidas que realmente protejan sus derechos y garantías, en lugar de desmantelar los sistemas de control que buscan salvaguardar su integridad. La simplificación de trámites, si bien podría parecer un avance, debería hacerse con un profundo análisis de las implicaciones que estas decisiones pueden tener sobre los más vulnerables de nuestra sociedad.
Es crucial que se retome el debate sobre la protección de los derechos de la niñez, garantizando que las decisiones políticas no pongan en riesgo a aquellos que más necesitan ser cuidados. La voz de especialistas como Sara Cánepa es fundamental para visibilizar estos temas y promover un cambio que priorice la seguridad y el bienestar de los menores en el país.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Una denuncia por abuso sexual entre adolescentes, marcada por el stealthing y el hostigamiento escolar, derivó en un inédito proceso de justicia restaurativa en La Plata. Sin juicio ni condena penal, el enfoque apuntó a la asunción de responsabilidad, la reparación del daño y la prevención de nuevas violencias.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
El tribunal interamericano afirmó que el cuidado constituye un derecho humano autónomo, con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Los Estados deben garantizarlo de manera progresiva y con enfoque de igualdad.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.