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Ahora podrán interactuar con el sistema. Será necesario el certificado de firma digital, emitido previamente por la Autoridad Certificante AC-ONTI .
Judicial05/04/2023
Alejandro Carranza
Mediante la Resolución SC Nº 459/23, la Suprema Corte de Justicia habilitó el otorgamiento de un domicilio electrónico vinculado a un certificado de firma digital, para aquellas personas humanas –oficiales de justicia ad hoc, terceros y/o externos- que deban intervenir en los procesos judiciales en trámite ante los organismos jurisdiccionales de todos los fueros e instancias que integran la Administración de Justicia, que no sean parte procesal jurídicamente declarada y no cuenten con colegiación, cuya denominación será [email protected].
A tales efectos, los interesados, quienes deberán contar con un certificado de firma digital emitido por la Autoridad Certificante de Firma Digital Argentina (AC-ONTI), podrán requerir el otorgamiento/aprobación del domicilio electrónico respectivo a través del formulario de inscripción que se habilitará en la página web "www.scba.gov.ar", a partir del 2 de mayo de 2023, cuya administración y contralor -además de la correspondiente aprobación del domicilio electrónico- estará a cargo de la Secretaría de Planificación, a través del Registro de Domicilios Electrónicos (RDE).
En la decisión se aclara que el otorgamiento, aprobación o emisión del domicilio electrónico, no implica el reconocimiento o acreditación de personería del sujeto interesado en el proceso, situación que deberá ser verificada ante el órgano jurisdiccional competente.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
El organismo destacó el trabajo de la Oficina de la Mujer de la CSJN en la lucha contra la violencia de género en la región.
Lo hará a través de su Dirección de Asuntos Contenciosos. Hasta ahora ese rol lo cumplía exclusivamente el Ministerio de Justicia.
Juzgado ordena múltiples medidas para efectivizar el cobro de la cuota alimentaria, incluyendo el embargo de bienes muebles no registrables. Juzgado CCCyTyF de Huinca Renancó, Prov.. de Córdoba, en autos: “A., D. D. – R., A. B. – HOMOLOGACIÓN. Juez interviniente, Lucas Ramiro Funes
Así lo informó la CSJN en su informe semestral de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) y refleja la cantidad de niños, niñas y adolescentes con causas y/o medidas de privación de la libertad dispuestas entre enero y junio de 2024 en la Justicia Nacional de Menores.
Así se desprende de un reporte de la fiscalía especializada a cargo del fiscal general Alberto Gentili. El documento refiere "un notorio incremento" respecto de igual periodo de 2023, cuando se registraron 8 casos. Las muertes se produjeron en 10 establecimientos diferentes. Hubo 9 casos no traumáticos, mientras que 5 fueron traumáticos -3 ahorcamientos- y el restante se encuentra en investigación. El promedio de edad de las personas fallecidas es de 45 años.
El decreto fue refrendado por Bianco y Mena. Hilda Kogan asume la vicepresidencia
La entidad presidida por Ricardo Gil Lavedra salió al cruce de un nuevo embiste contra la abogacía laboralista
Un fallo reafirma que el régimen de cuidado personal compartido con modalidad alternada no implica automáticamente la supresión de la cuota alimentaria. La cuota alimentaria no es una penalidad, sino un derecho de los hijos y una expresión concreta de la corresponsabilidad parental.
El COLPROBA publicó en su sitio web una jurisprudencia clave para mediadores en un caso donde se pretendió eludir la mediación provincial acudiendo a la justicia nacional.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.