| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
Frente al proyecto de ley presentado recientemente por el Diputado Martín Tetaz sobre la regulación de un procedimiento administrativo sucesorio, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal reitera su oposición a cualquier reforma que desplace la función judicial en favor de un organismo dependiente del Poder Ejecutivo.
Noticias03/05/2023 REDACCIÓN
El proyecto del mediático diputado de JxC, el economista Martín Tetaz sumó otro rechazo. En efecto el poderoso Colegio de la Abogacía de Capital Federal - CPACF -entidad presidida por Ricardo Gil Lavedra se unió a las voces de rechazo a la pretensión del diputado Tetaz para que sea el RENAPER (Registro Nacional de las Personas) quien emita una certificación de la calidad de herederos (Ver: /contenido/871/polemico-presentan-proyecto-de-sucesiones-administrativas).
Como se publicó oportunamnete en este medio, tanto la Federación Argentia de Colegios de Abogados - FACA - y el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires - COLPROBA - rechazaron en los mismos términos que el CPACF el proyecto antes mencionado basicamente por estar reñido con la constitución nacional.
El texto completo publicado por el CPACF
La potestad jurisdiccional es exclusiva de los jueces designados de acuerdo a la Constitución Nacional y de ningún modo puede ser sustituida.
La importancia del proceso sucesorio y de los derechos en juego deben estar garantizados mediante la máxima seguridad jurídica, que sólo los jueces pueden otorgar.
Exhortamos a las autoridades legislativas para que no progrese el tratamiento del proyecto 1762-D-2023.
Conforme es su obligación, el CPACF seguirá defendiendo las incumbencias de las abogadas y los abogados.
La segunda edición de este informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes incluye datos estadísticos de los 24 poderes judiciales provinciales y de CABA.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
En nota dirigida a las autoridades del banco señalaron que "Esta demora desvirtúa el sistema legal de "pago en juicio" que contempla el art 277 de la Ley 20744, que fue concebido en tutela del crédito de la clase trabajadora."
El Decreto 971/2024 establece que las solicitudes ante la Administración Pública tendrán aprobación automática si no reciben respuesta en el plazo estipulado, excepto en áreas sensibles como salud, medio ambiente y servicios públicos. La medida comenzó el 1º de noviembre y apunta a acelerar gestiones en sectores no críticos.
El foro que reúne a todos los Consejos de la Magistratura de la República Argentina desarrolló actividades institucionales en las sedes de la SCBA y del Colegio de la Abo0gacía de La Plata.
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
Mientras la conflictividad social se intensifica en Buenos Aires, la justicia enfrenta una acumulación récord de causas penales y civiles. A la falta de recursos y vacantes en el sistema judicial, se suma el retiro del Estado en áreas claves, lo que multiplica los desafíos en la provincia más poblada y diversa del país.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
La segunda edición de este informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes incluye datos estadísticos de los 24 poderes judiciales provinciales y de CABA.