
Durante la feria judicial de julio de 2025, la OVD atendió a 627 personas
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
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Se constató que la población actual de dicha unidad es de 2029 personas, de las cuales el 61% son procesados y el 39% penados.
Noticias05/07/2023El 5 de julio la Asociación de Penalistas Litigantes Independientes (A.P.L.I.) realizó una visita de inspección en la unidad penitenciaria número 9 de La Plata, junto al Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura de la Provincia de Buenos Aires. en la inspección se constató que la población actual de dicha unidad es de 2029 personas, de las cuales el 61% son procesados y el 39% penados.
Es importante destacar que esta fue la primera visita de monitoreo que A.P.L.I. realiza como organización inscripta en el Registro del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de la Argentina (C.N.P.T.). El Comité fue creado por la ley 26.827 (2013) y comenzó a funcionar en diciembre de 2017, es un organismo público que está ubicado institucionalmente dentro del Poder Legislativo y cuya función es el monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situación de encierro.
El trabajo del Comité se enmarca en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por lo que articula constantemente con el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas (SPT) y otros organismos internacionales.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Una denuncia por abuso sexual entre adolescentes, marcada por el stealthing y el hostigamiento escolar, derivó en un inédito proceso de justicia restaurativa en La Plata. Sin juicio ni condena penal, el enfoque apuntó a la asunción de responsabilidad, la reparación del daño y la prevención de nuevas violencias.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
El tribunal interamericano afirmó que el cuidado constituye un derecho humano autónomo, con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Los Estados deben garantizarlo de manera progresiva y con enfoque de igualdad.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.