
Último momento: La Corte Suprema rechaza la licencia de Ariel Lijo tras su designación por Milei
El máximo tribunal contradice a la Cámara Federal y complica la situación del magistrado designado por el presidente Milei.
Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
El presidente argentino declara la emergencia hasta el 2025 y solicitó la delegación del poder legislativo. 41 empresas del Estado serían privatizadas. Restricciones a reuniones públicas. Los profesionales del Derecho deberán usar Toga y los jueces, martillos.
Noticias28/12/2023El gobierno anarco capitalista de Javier Milei envió al Congreso argentino un proyecto de ley "ómnibus", denominada "Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos".
Con esta iniciativa Milei busca que el Congreso declare "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025", con la posibilidad de ser prorrogada por dos años más.
Hay que resaltar que el proyecto declara a todas las sociedades propiedad del Estado o con propiedad mayoritaria estatal sujetas a privatización.
También suspende la movilidad jubilatoria por tiempo indeterminado, dejando al arbitrio del Ejecutivo los aumentos en las remuneraciones. El fondo de garantías y sustentabilidad (FGS) que es un fondo contracíclico para sostener el pago de jubilaciones ante escenarios de crisis y respalda el pago de jubilaciones y pensiones pasa a la órbita del Tesoro quedando a su entera disponibilidad junto a las acciones de empresas en su poder.
En materia de seguridad, también hay polémica ya que define como "manifestación" cualquier reunión en la vía pública de tres o más personas en búsqueda de contener y castigar la protesta social.
Divorcios y Sucesiones administrativas
En materia de incumbencias de la abogacía, el mega proyecto de Milei busca que tanto las sucesiones no contenciosas como los divorcios de común acuerdo sean un mero tyrámite administativo sin la intervención judicial ni patrocinio letrado.
Privatizaciones
So pretexto de "generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas" y tal como había anunciado en campaña, el gobierno busca privatizar 41 empresas del estado: Aerolíneas Argentinas, ARSAT, AySA, Banco de la Nación, la Casa de la Moneda, Correo Argentino, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Télam, YPF, entre otras.
Detalles
El diario Ambito Financiero sintetizó en 40 puntos el Mega DNU mileista:
· Se ratifica el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica 70/23 que firmó el presidente Javier Milei la semana pasada.
· Se pide autorización para privatizar 41 empresas públicas entre las que figura Banco Nación, YPF, Aysa, Aerolíneas Argentinas y la agencia de noticias Télam.
· Se suspende la fórmula previsional utilizada para actualizar los haberes de los jubilados y se establece que el Gobierno dará aumentos por decreto con foco en los haberes mínimos.
· Se establecen sanciones de prisión para los organizadores de protestas que corten calles o rutas u obstaculicen el espacio público.
· También tendrán penas quienes generen disturbios y daños durante las manifestaciones, siempre que no estuvieren previstos en otros tipos penales. Una reunión de 3 o más personas en la vía pública requerirá autorización previa al Ministerio de Seguridad.
· Se amplía la tipicidad para considerar legítimo defensa, incluido el accionar en fuerzas de seguridad.
· Se concentra en un solo régimen el sistema nacional de contrataciones públicas con desburocratización y trámites a distancia.
· El proyecto establece criterios para la transparencia en las concesiones, los mecanismos de monitoreo, arbitraje y extinción de las concesiones.
· Los empleados públicos que realicen protestas sufrirán el descuento en sus salarios.
· Se prevén los instrumentos legales para llevar adelante la reorganización de la Administración Pública nacional y se habilita a eliminar reparticiones cuya finalidad replica la de otros organismos o incluso de la Justicia, como el INADI.
· Se dispone el pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado y se les pagará el sueldo durante 12 meses hasta su desvinculación.
· Se propone la eliminación de las PASO y las primarias las tendrá que hacer cada partido político, sin aportes para impresión de boletas ni cesión gratuita de espacios publicitarios en medios de comunicación.
· Se propone la eliminación de las listas sábanas estableciendo un sistema de elección de diputados nacionales con base en circunscripciones uninominales, lo que significa que se reduce la representación de fuerzas minoritarias y cada distrito elige un candidato que ocupará algunas de las bancas a repartir.
· Se equilibra la representación en Diputados otorgándole a Buenos Aires una preeminencia en base al censo 2022 y en detrimento de CABA; otras provincias ceden bancas y ya no habrá un piso de 5 fijadas por la ley
· Se propone que, para el financiamiento de las campañas, los partidos políticos deberán crear una cuenta corriente única por distrito en donde se deberán depositar los fondos del partido político, donde se dejan de lado las limitaciones de aporte por persona y por campaña.
· Se establece un sistema de regularización de las deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social vencidas al 30 de noviembre de 2023.
· Se propone un blanqueo de capitales donde se podrá realizar sin costo para los primeros 100 dólares y sobre habrá un alícuota sobre el excedente según cual fuera la fecha de exteriorización.
· Se reforma el impuesto de bienes personales y se establece una unificación de la cuota cualquiera fuera la ubicación de los bienes.
· Se elimina la declaración en el régimen de equipaje para el ingreso de importados de uso personal.
· Se establece las alícuotas para las retenciones agropecuarias y allí se impone un 33 ciento sobre los derechos de exportación a la soja.
· Se establece el libre comercio internacional de hidrocarburos y se prohíbe la intervención o la fijación de precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción.
· Se modifica la ley de biocombustibles para permitir libre comercio de biocombustibles, en términos de precio y aprovisionamiento.
· Se unifican los Entes Reguladores del Gas y la Electricidad para el control de las empresas concesionarias y licenciatarias de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.
· El proyecto establece transferir en enero del 2025 el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
· Se transfiere a la Ciudad de Buenos Aires la Justicia con competencia local, que hoy sigue bajo la justicia nacional, lo que implica la posibilidad de un gran enfrentamiento con los jueces.
· Se propone que el Poder Judicial y el Poder Legislativo tengan también una Oficina Anticorrupción, que actualmente alcanza sólo al Poder Ejecutivo.
· Fija el juicio por jurados pero también establece que el juez que debe llevarlos adelante debe vestir toga y comandar las audiencias con un martillo, como en Estados Unidos.
· Se establece que los alumnos de la secundaria deberán rendir un examen integrador al finalizar la educación secundaria.
· Se instaura un proceso de evaluación continua de los docentes y se eliminan las restricciones a la educación a distancia.
· Se prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior.
· Se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes.
· Se introduce el concepto de divorcio simplificado para aquellos que forman parte del acuerdo entre las partes al admitir la simple inscripción en el registro civil.
· Se limita el sistema de subsidios al 50 por ciento de la producción en el INCAA ya que se establece que el beneficiario debe tener financiamiento equivalente al solicitado al Instituto.
· Reduce los requisitos de registro de personal para las embarcaciones que soliciten permisos pesqueros.
· Considera que si en 30 días la administración no responde un pedido de quema controlada de territorios, se otorga una autorización tácita para poder ejecutarlos.
· Transfiere al Tesoro los activos del FGS de la ANSES.
· El Presidente puede autorizar los ejercicios militares de tropas extranjeras en el país.
El máximo tribunal contradice a la Cámara Federal y complica la situación del magistrado designado por el presidente Milei.
Una investigación del New York Times reveló cómo el entorno cercano al presidente Javier Milei promovió Milei Coin , una criptomoneda que generó expectativas de apoyo oficial y terminó desplomándose, perjudicando a pequeños inversores. El escándalo exponen riesgos de especulación y la responsabilidad de los líderes en estos mercados volátiles.
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