
Durante la feria judicial de julio de 2025, la OVD atendió a 627 personas
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
Noticias14/11/2024El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires - COLPROBA - ha expresado su profunda preocupación ante la reciente media sanción al Proyecto de Ley D-3320/24-25, que propone modificar el artículo 12, inciso g) de la Ley N° 6716, reglamentando el régimen legal de la Caja de Previsión Social para Abogados. Esta modificación cuya autoría es del presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, se ha presentado sin la debida consulta a los órganos que representan a la abogacía bonaerense, generando inquietud entre los profesionales del derecho en la región.
Desde la institución, se sostiene que la reducción de la sobretasa de justicia no necesariamente facilitaría el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables, como se argumenta en la justificación del proyecto. Este planteamiento pone en evidencia la necesidad de un debate más amplio y fundamentado sobre los cambios propuestos, considerando las implicancias que podrían tener en la operación de las instituciones involucradas.
El COLPROBA enfatiza la importancia de que cualquier modificación que afecte el funcionamiento de la Caja de Previsión Social para Abogados sea debatida en un marco de respeto a los procesos participativos y representativos. La falta de consulta genera un malestar significativo, ya que los profesionales se sienten excluidos de una discusión que atañe a sus derechos y condiciones de trabajo.
Por esta razón, se ha solicitado al Poder Legislativo la apertura de un espacio de diálogo institucional. La propuesta de un foro de discusión incluye la participación activa tanto de los Colegios de Abogados como de la Caja de Previsión Social, buscando asegurar que todas las voces sean escuchadas y que se tomen decisiones informadas y consensuadas.
El dilema presentado por el proyecto de ley invita a reflexionar sobre la necesidad de una mayor colaboración entre la política y la abogacía. Este caso representa un llamado a la acción para construir puentes de diálogo que garanticen el respeto por la profesión y la defensa de los derechos de los ciudadanos en el acceso a la justicia.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Una denuncia por abuso sexual entre adolescentes, marcada por el stealthing y el hostigamiento escolar, derivó en un inédito proceso de justicia restaurativa en La Plata. Sin juicio ni condena penal, el enfoque apuntó a la asunción de responsabilidad, la reparación del daño y la prevención de nuevas violencias.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
El tribunal interamericano afirmó que el cuidado constituye un derecho humano autónomo, con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Los Estados deben garantizarlo de manera progresiva y con enfoque de igualdad.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.