| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
Alejandro Carranza
El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires - COLPROBA - ha expresado su profunda preocupación ante la reciente media sanción al Proyecto de Ley D-3320/24-25, que propone modificar el artículo 12, inciso g) de la Ley N° 6716, reglamentando el régimen legal de la Caja de Previsión Social para Abogados. Esta modificación cuya autoría es del presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, se ha presentado sin la debida consulta a los órganos que representan a la abogacía bonaerense, generando inquietud entre los profesionales del derecho en la región.
Desde la institución, se sostiene que la reducción de la sobretasa de justicia no necesariamente facilitaría el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables, como se argumenta en la justificación del proyecto. Este planteamiento pone en evidencia la necesidad de un debate más amplio y fundamentado sobre los cambios propuestos, considerando las implicancias que podrían tener en la operación de las instituciones involucradas.
El COLPROBA enfatiza la importancia de que cualquier modificación que afecte el funcionamiento de la Caja de Previsión Social para Abogados sea debatida en un marco de respeto a los procesos participativos y representativos. La falta de consulta genera un malestar significativo, ya que los profesionales se sienten excluidos de una discusión que atañe a sus derechos y condiciones de trabajo.
Por esta razón, se ha solicitado al Poder Legislativo la apertura de un espacio de diálogo institucional. La propuesta de un foro de discusión incluye la participación activa tanto de los Colegios de Abogados como de la Caja de Previsión Social, buscando asegurar que todas las voces sean escuchadas y que se tomen decisiones informadas y consensuadas.
El dilema presentado por el proyecto de ley invita a reflexionar sobre la necesidad de una mayor colaboración entre la política y la abogacía. Este caso representa un llamado a la acción para construir puentes de diálogo que garanticen el respeto por la profesión y la defensa de los derechos de los ciudadanos en el acceso a la justicia.
