| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires informó hoy en su sitio web que dispuso que a partir del 18 de abril de 2022, todos los organismos jurisdiccionales de la Administración de Justicia, así como los órganos de gobierno de la propia Corte y los Registros Públicos, deberán librar indefectiblemente los oficios en formato digital a la Dirección Nacional de Migraciones, a través del Sistema de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas (PyNE).
Tales oficios serán dirigidos al domicilio electrónico [email protected] de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), creado en el marco del Registro de Domicilios Electrónicos y vigente desde el 20 de diciembre de 2020. Las respuestas, a dichos oficios judiciales, también serán incorporadas y remitidas por la citada Dirección Nacional en el sistema de PyNE.
Dicha modalidad tecnológica también se implementará en las actuaciones administrativas que la Justicia de Paz, Juzgados Civiles y Comerciales en sedes descentralizadas y los Registros Públicos realicen como autoridades judiciales competentes y habilitadas en el otorgamiento de autorizaciones expresas para el egreso de menores del país.
La Secretaría de Jurisprudencia que depende del Alto Tribunal elaboró un documento que compila los pronunciamientos más relevantes en la materia.
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Ernesto Löffler, nuevo presidente del FOFECMA. La bonaerense Ana Laura Ramos retiene la vicepresidencia segunda
La segunda edición de este informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes incluye datos estadísticos de los 24 poderes judiciales provinciales y de CABA.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
En nota dirigida a las autoridades del banco señalaron que "Esta demora desvirtúa el sistema legal de "pago en juicio" que contempla el art 277 de la Ley 20744, que fue concebido en tutela del crédito de la clase trabajadora."
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San Isidro es el tricampeón, completaron el podio Lomas de Zamora y La Plata
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