
Es por la presunta complicidad de la magistrada Julieta Makintach en la grabación de un documental durante el juicio por la juetre del astro del fútbol argentino, Diego Maradona.
| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires informó hoy en su sitio web que dispuso que a partir del 18 de abril de 2022, todos los organismos jurisdiccionales de la Administración de Justicia, así como los órganos de gobierno de la propia Corte y los Registros Públicos, deberán librar indefectiblemente los oficios en formato digital a la Dirección Nacional de Migraciones, a través del Sistema de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas (PyNE).
Tales oficios serán dirigidos al domicilio electrónico [email protected] de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), creado en el marco del Registro de Domicilios Electrónicos y vigente desde el 20 de diciembre de 2020. Las respuestas, a dichos oficios judiciales, también serán incorporadas y remitidas por la citada Dirección Nacional en el sistema de PyNE.
Dicha modalidad tecnológica también se implementará en las actuaciones administrativas que la Justicia de Paz, Juzgados Civiles y Comerciales en sedes descentralizadas y los Registros Públicos realicen como autoridades judiciales competentes y habilitadas en el otorgamiento de autorizaciones expresas para el egreso de menores del país.

Es por la presunta complicidad de la magistrada Julieta Makintach en la grabación de un documental durante el juicio por la juetre del astro del fútbol argentino, Diego Maradona.

La polémica por la conducta del juez civil Carlos Goggi vuelve a poner en el centro del debate la defensa de la dignidad profesional de los abogados y la vigencia de la Ley de Honorarios (27.423). Las entidades de la abogacía remarcan que no está en discusión la independencia judicial, sino la obligación de respetar la ley y los precedentes.

Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.

Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.

La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.

Las bases de la abogacía hacen una petición formal al gobernador Axel Kicillof y al Senado provincial para que se cubran las vacantes en la Suprema Corte de Justicia. Advierten que el máximo tribunal funciona con menos de la mitad de sus miembros y que esa situación afecta derechos, independencia judicial y calidad institucional.

La máxima entidad de la abogacía bonaerense advirtió de intentos de estafas virtuales mediante falsas comunicaciones en su nombre.

Una mujer de 46 años logró que el Instituto de Obra Social de la Provincia de Corrientes (IOSCor) cubra un tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad, tras haberle sido negado por no tener pareja. El fallo reafirma que el derecho a procrear no puede depender del estado civil.

Es por la presunta complicidad de la magistrada Julieta Makintach en la grabación de un documental durante el juicio por la juetre del astro del fútbol argentino, Diego Maradona.