| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Julio Alak, representó a nuestro país en el encuentro "Comunidad, instituciones públicas: intercambio de experiencias en el desarrollo de mecanismos institucionales de violencias basadas en género", en el marco de la tramitación del Sello de Igualdad de Género del Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo (PNUD),
El encuentro, del que participaron más de 80 organismos públicos y privados latinoamericanos que iniciaron la solicitud de ese sello, permitió compartir experiencias entre las organizaciones que abordan la cuestión de género y diseñan políticas públicas para alcanzar mayor igualdad y construir ambientes laborales libres de violencia.
En ese marco, la directora Provincial de Planificación de esta cartera, Lorena Bermúdez, y la referente del PNUD en el Ministerio, Andrea Tachella, expusieron sobre sus vivencias en el trabajo mancomunado de prevención, acompañamiento y erradicación de la violencia, al tiempo que destacaron la visión transversal de género en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas del Ministerio.
En este sentido, Bermúdez se refirió a la creación de la Comisión de Género Intraministerial, que es una instancia para el tratamiento de la temática en forma transversal e interdisciplinaria y cuenta con espacios para el diálogo colectivo, seguimiento de políticas y el desarrollo de acciones concretas de acuerdo a la demanda.
Participaron también del encuentro, en representación del PNUD en el Ministerio, María Luján Rulli y su equipo técnico.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
La joven estuvo en coma durante dos semanas, antes de poder declarar. El y la fiscal federal Federico Iuspa y Mariela Labozzetta habían presentado un dictamen en el que requerían que se incorporen elementos de violencia de género presentes en el caso. Uno de los imputados es expareja de la víctima y fue procesado con prisión preventiva por lesiones triplemente agravadas.
Además, durante la jornada se reconoció a las Dras. Marta Haydee Ayerdi, por su trayectoria en la matrícula, más de 57 años de dedicación y compromiso en el ejercicio de la profesión y Bárbara González Villamil, la abogada más reciente de la matrícula, que simboliza el futuro y la renovación de la abogacía.
La Oficina de la Mujer publicó una selección de 38 fallos históricos que reflejan el compromiso de la Corte Suprema en la defensa de los derechos de las mujeres y la incorporación de la perspectiva de género en el sistema judicial
La Oficina de la Mujer de la CSJN fue ratificada para continuar con el diseño y la conducción del informe regional de femicidios de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
II Encuentro de Mujeres Forenses de la Justicia Nacional y I Jornadas Interdisciplinarias de Práctica Pericial con Perspectiva de Género.
La decisión fue tomada por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 Juan María Ramos Padilla, quien consideró que todos los sucesos se cometieron "mediando intimidación y con abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad". Dentro del veredicto, dispuso la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, en línea con lo que había reclamado el Ministerio Público Fiscal.
La joven estuvo en coma durante dos semanas, antes de poder declarar. El y la fiscal federal Federico Iuspa y Mariela Labozzetta habían presentado un dictamen en el que requerían que se incorporen elementos de violencia de género presentes en el caso. Uno de los imputados es expareja de la víctima y fue procesado con prisión preventiva por lesiones triplemente agravadas.
El proyecto oficialista que propone eliminar la colegiación obligatoria se presenta como un alivio económico en tiempos de crisis. Pero detrás de la desregulación, los colegios de abogados advierten una amenaza más profunda: la pérdida de independencia profesional y el riesgo de concentrar el control del ejercicio profesional en manos del Estado.
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