| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
El documento releva las presentaciones formuladas, entre enero de 1995 y septiembre de 2024, por la Procuración General ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; fue elaborada por la Dirección General de Derechos Humanos.
La actividad del Ministerio Público Fiscal de la Nación se da en el marco de una pesquisa abierta con la hipótesis de un delito de carácter federal, de forma independiente a la intervención del fuero provincial. Encomendaron a fuerzas de seguridad federales la recolección y análisis de información.
De los 213 cargos efectivos de fiscales nacionales y federales, 49 son ocupados por mujeres: 37 en fiscalías de primera instancia y 12 en cargos de segunda instancia, donde la brecha con los varones es aún mayor. La situación contrasta con la paridad de género observada en el resto del organismo.
La visita se llevó a cabo en el marco de las actividades de supervisión del organismo sobre el cumplimiento de sentencias en los casos “Garrido y Baigorria”, “Torres Millacura”, y “Acosta Martínez” contra la República Argentina.
El procurador general de la Nación interino Eduardo Casal encabezó la delegación argentina. Enfatizaron sobre la necesidad de trabajar en la región en la seguridad y protección de los y las fiscales y realizaron un homenaje al fiscal Marcelo Pecci -asesinado en Colombia- junto a su familia.
Dentro del programa "Ingreso Democrático". El período de inscripción será entre el 20 y el 23 de diciembre. Es para eventuales vacantes en las jurisdicciones de Bariloche, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, La Plata, Río Gallegos, Santa Rosa y Ushuaia.
El proyecto oficialista que propone eliminar la colegiación obligatoria se presenta como un alivio económico en tiempos de crisis. Pero detrás de la desregulación, los colegios de abogados advierten una amenaza más profunda: la pérdida de independencia profesional y el riesgo de concentrar el control del ejercicio profesional en manos del Estado.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Una iniciativa impulsada por la diputada Marcela Pagano busca ampliar el ejercicio de la fe pública y eliminar restricciones gremiales. El Colegio de Escribanos ya expresó su preocupación.