| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
Es un proceso de evaluación impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Fue informado por el Ministerio de Justicia Y Derechos Humanos de la provincia
El ministro de Justicia de la Nación, Martin Soria, y su par de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak, firmaron un convenio que implementa el sistema digital ALEPH sobre detenidos en la provincia.
Las mismas cuentan con 32 celdas de alojamiento, distribuidas en 4 módulos metálicos en torno a un patio central de acceso.
Un documento elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto a la cartera de Salud y la de Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual
El Ministro de justicia bonaerense Julio Alak participó este lunes de la inauguración del Centro de Integración para Migrantes y Refugiados (CIMR), que funciona en la ciudad de La Plata
La inscripción podrá realizarse hasta el 28 de marzo
A través de la ampliación de un convenio de colaboración del año 2017, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación pone a disposición de la provincia de Buenos Aires 500 nuevas "tobilleras" para ser utilizados por la justicia provincial para casos de arrestos domiciliarios u otras modalidades de detención
La joven estuvo en coma durante dos semanas, antes de poder declarar. El y la fiscal federal Federico Iuspa y Mariela Labozzetta habían presentado un dictamen en el que requerían que se incorporen elementos de violencia de género presentes en el caso. Uno de los imputados es expareja de la víctima y fue procesado con prisión preventiva por lesiones triplemente agravadas.
El proyecto oficialista que propone eliminar la colegiación obligatoria se presenta como un alivio económico en tiempos de crisis. Pero detrás de la desregulación, los colegios de abogados advierten una amenaza más profunda: la pérdida de independencia profesional y el riesgo de concentrar el control del ejercicio profesional en manos del Estado.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.