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Se encargará de combatir amenazas en el entorno digital y garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos del tribunal.
Noticias03/11/2023 Redacción
Por medio de la Acordada N° 32/2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso este jueves 2 de noviembre la creación de una Oficina de Ciberseguridad que funcionará bajo la órbita de la Dirección de Sistemas y tendrá como misión gestionar la seguridad del tribunal en esta materia, garantizando “la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y sistemas, mediante una gestión proactiva frente a amenazas cibernéticas y promoviendo una cultura robusta de seguridad informática”.
La flamante dependencia asumirá, entre otras funciones, las de supervisar y proteger la infraestructura tecnológica para detectar, prevenir y neutralizar actividades maliciosas a través de un monitoreo constante; y realizar una evaluación continua de vulnerabilidades y riesgos, diseñando e implementando estrategias para mitigarlos. Además, instrumentará programas de capacitación y concientización para el personal, que promuevan prácticas seguras en el uso de tecnologías.
Sus objetivos apuntan a desarrollar estrategias proactivas para prevenir ataques y brechas de seguridad, establecer instancias de formación interna en base a las mejores prácticas y tendencias disponibles, asegurar el alineamiento de las operaciones y los sistemas con la normativa vigente y mantener protocolos claros y efectivos para una respuesta rápida ante eventuales incidentes.
En sus considerandos, los ministros firmantes sostuvieron que la Corte, “como custodio de información crítica y sensible, tiene la responsabilidad ineludible de garantizar la resiliencia y protección de sus sistemas informáticos frente a cualquier amenaza cibernética”; y que la supervisión de la operatividad, seguridad y resiliencia de los sistemas informáticos del Máximo Tribunal resulta fundamental “para garantizar el acceso efectivo a la justicia, proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y fortalecer el Estado de Derecho en un entorno digital”.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
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El máximo tribunal contradice a la Cámara Federal y complica la situación del magistrado designado por el presidente Milei.
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