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La CSJN creó una oficina de ciberseguridad

Se encargará de combatir amenazas en el entorno digital y garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos del tribunal.
Noticias03/11/2023 Redacción
CSJN
CSJN

Por medio de la Acordada N° 32/2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso este jueves 2 de noviembre la creación de una Oficina de Ciberseguridad que funcionará bajo la órbita de la Dirección de Sistemas y tendrá como misión gestionar la seguridad del tribunal en esta materia, garantizando “la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y sistemas, mediante una gestión proactiva frente a amenazas cibernéticas y promoviendo una cultura robusta de seguridad informática”.

La flamante dependencia asumirá, entre otras funciones, las de supervisar y proteger la infraestructura tecnológica para detectar, prevenir y neutralizar actividades maliciosas a través de un monitoreo constante; y realizar una evaluación continua de vulnerabilidades y riesgos, diseñando e implementando estrategias para mitigarlos. Además, instrumentará programas de capacitación y concientización para el personal, que promuevan prácticas seguras en el uso de tecnologías. 

Sus objetivos apuntan a desarrollar estrategias proactivas para prevenir ataques y brechas de seguridad, establecer instancias de formación interna en base a las mejores prácticas y tendencias disponibles, asegurar el alineamiento de las operaciones y los sistemas con la normativa vigente y mantener protocolos claros y efectivos para una respuesta rápida ante eventuales incidentes.

En sus considerandos, los ministros firmantes sostuvieron que la Corte, “como custodio de información crítica y sensible, tiene la responsabilidad ineludible de garantizar la resiliencia y protección de sus sistemas informáticos frente a cualquier amenaza cibernética”; y que la supervisión de la operatividad, seguridad y resiliencia de los sistemas informáticos del Máximo Tribunal resulta fundamental “para garantizar el acceso efectivo a la justicia, proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y fortalecer el Estado de Derecho en un entorno digital”.

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