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Se encargará de combatir amenazas en el entorno digital y garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos del tribunal.
Noticias03/11/2023 Redacción
Por medio de la Acordada N° 32/2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso este jueves 2 de noviembre la creación de una Oficina de Ciberseguridad que funcionará bajo la órbita de la Dirección de Sistemas y tendrá como misión gestionar la seguridad del tribunal en esta materia, garantizando “la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y sistemas, mediante una gestión proactiva frente a amenazas cibernéticas y promoviendo una cultura robusta de seguridad informática”.
La flamante dependencia asumirá, entre otras funciones, las de supervisar y proteger la infraestructura tecnológica para detectar, prevenir y neutralizar actividades maliciosas a través de un monitoreo constante; y realizar una evaluación continua de vulnerabilidades y riesgos, diseñando e implementando estrategias para mitigarlos. Además, instrumentará programas de capacitación y concientización para el personal, que promuevan prácticas seguras en el uso de tecnologías.
Sus objetivos apuntan a desarrollar estrategias proactivas para prevenir ataques y brechas de seguridad, establecer instancias de formación interna en base a las mejores prácticas y tendencias disponibles, asegurar el alineamiento de las operaciones y los sistemas con la normativa vigente y mantener protocolos claros y efectivos para una respuesta rápida ante eventuales incidentes.
En sus considerandos, los ministros firmantes sostuvieron que la Corte, “como custodio de información crítica y sensible, tiene la responsabilidad ineludible de garantizar la resiliencia y protección de sus sistemas informáticos frente a cualquier amenaza cibernética”; y que la supervisión de la operatividad, seguridad y resiliencia de los sistemas informáticos del Máximo Tribunal resulta fundamental “para garantizar el acceso efectivo a la justicia, proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y fortalecer el Estado de Derecho en un entorno digital”.
La segunda edición de este informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes incluye datos estadísticos de los 24 poderes judiciales provinciales y de CABA.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
En nota dirigida a las autoridades del banco señalaron que "Esta demora desvirtúa el sistema legal de "pago en juicio" que contempla el art 277 de la Ley 20744, que fue concebido en tutela del crédito de la clase trabajadora."
El Decreto 971/2024 establece que las solicitudes ante la Administración Pública tendrán aprobación automática si no reciben respuesta en el plazo estipulado, excepto en áreas sensibles como salud, medio ambiente y servicios públicos. La medida comenzó el 1º de noviembre y apunta a acelerar gestiones en sectores no críticos.
El foro que reúne a todos los Consejos de la Magistratura de la República Argentina desarrolló actividades institucionales en las sedes de la SCBA y del Colegio de la Abo0gacía de La Plata.
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Mientras la conflictividad social se intensifica en Buenos Aires, la justicia enfrenta una acumulación récord de causas penales y civiles. A la falta de recursos y vacantes en el sistema judicial, se suma el retiro del Estado en áreas claves, lo que multiplica los desafíos en la provincia más poblada y diversa del país.
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