| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
Ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación postuló que la intervención y la conformidad de los y las representantes del Ministerio Público Fiscal en el trámite de las conciliaciones penales resulta un requisito ineludible para proceder a la homologación judicial. A su vez, dictó una instrucción general a fin de establecer estándares de actuación en la materia.
Judicial11/12/2023 Redacción
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, sostuvo este jueves en un dictamen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la intervención y la conformidad de los y las representantes del Ministerio Público Fiscal en el trámite de las conciliaciones penales resulta un requisito ineludible para proceder a la homologación judicial.
En ese sentido, consideró que la decisión de disponer la acción penal a través de este instituto, regulado en el artículo 30 y 34 del Código Procesal Penal Federal, es una facultad exclusiva de los y las fiscales como excepción al principio de legalidad procesal previsto en el Código Penal.
A su vez, dictó una instrucción general -mediante la Resolución PGN N° 92/23- a fin de establecer estándares de actuación para los y las representantes del MPF que, en la búsqueda de la solución del conflicto y a través de la armonización de los diferentes intereses y en pos de la paz social, instauren criterios de política criminal derivados del cumplimiento de las obligaciones asignadas a este organismo de velar por los intereses generales de la sociedad.
En ese contexto, se determinó, en línea con el dictamen referido, la intervención y conformidad necesaria de los y las fiscales en los acuerdos conciliatorios para que puedan ser aprobados judicialmente y se regularon distintos supuestos en los que estos deben oponerse porque media un interés público prevalente.
Por ello, no deben prestar su conformidad cuando los imputados registren condenas de efectivo cumplimiento y se encuentren vigentes; condenas previas y puedan ser declarado reincidentes; condenas de ejecución condicional en curso o que no hayan transcurrido 8 o 10 años desde la última; o hayan sido beneficiados en otra oportunidad con una suspensión del proceso a prueba o un acuerdo conciliatorio y no hayan transcurridos 8 años desde estas decisiones judiciales.
También, se impuso el deber de los y las fiscales de verificar -de la forma más ágil y desformalizada posible- que la participación de las víctimas en los acuerdos conciliatorios se efectúe con pleno conocimiento de las consecuencias jurídicas del acuerdo y libres de toda coacción. Especialmente, se hizo hincapié en aquellas situaciones donde se evidencie en las víctimas indicios de vulnerabilidad a partir de la existencia de una desigualdad provocada por una situación de poder o capacidad económica que puedan ser aprovechados por el imputado al momento de ofrecer el acuerdo.
Así lo informó la CSJN en su informe semestral de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) y refleja la cantidad de niños, niñas y adolescentes con causas y/o medidas de privación de la libertad dispuestas entre enero y junio de 2024 en la Justicia Nacional de Menores.
Así se desprende de un reporte de la fiscalía especializada a cargo del fiscal general Alberto Gentili. El documento refiere "un notorio incremento" respecto de igual periodo de 2023, cuando se registraron 8 casos. Las muertes se produjeron en 10 establecimientos diferentes. Hubo 9 casos no traumáticos, mientras que 5 fueron traumáticos -3 ahorcamientos- y el restante se encuentra en investigación. El promedio de edad de las personas fallecidas es de 45 años.
El decreto fue refrendado por Bianco y Mena. Hilda Kogan asume la vicepresidencia
Un nuevo trabajo de la Secretaría de Jurisprudencia del Alto Tribunal
Lo publicó a través de la Secretaría de Jurisprudencia. Es un nueva compilación de los pronunciamientos más relevantes en la materia.
Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires suscriben convenios para agilizar subastas electrónicas y simplificar trámites judiciales mediante la digitalización
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
Mientras la conflictividad social se intensifica en Buenos Aires, la justicia enfrenta una acumulación récord de causas penales y civiles. A la falta de recursos y vacantes en el sistema judicial, se suma el retiro del Estado en áreas claves, lo que multiplica los desafíos en la provincia más poblada y diversa del país.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
La segunda edición de este informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes incluye datos estadísticos de los 24 poderes judiciales provinciales y de CABA.