
Durante la feria judicial de julio de 2025, la OVD atendió a 627 personas
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
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Lo hizo a través de la resolución Nº 2171 del pasado 26 de agosto. "Los jueces deben ser claros en sus decisiones, no pueden ser tan austeros en sus expresiones de modo que lleven a confusión a las partes."
Noticias02/09/2024Buenos Aires, 2 de septiembre de 2024 – La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado un importante paso hacia la transparencia y el acceso efectivo a la justicia al implementar una política de lenguaje claro en sus sentencias. A través de la Resolución N° 2640/2023, el máximo tribunal del país busca mejorar la comprensión de sus decisiones judiciales, no solo por parte de las personas involucradas en los casos, sino también por la comunidad académica, la judicatura y la sociedad en general.
Esta iniciativa incluye la incorporación de la Corte a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, una propuesta promovida por la Real Academia Española que busca estandarizar y facilitar la claridad en la comunicación judicial en todo el ámbito hispanohablante. Esta adhesión subraya el compromiso de la Corte con el uso de un lenguaje accesible y comprensible, en línea con los esfuerzos internacionales por acercar el derecho a la ciudadanía.
Hacia Sentencias Más Comprensibles
Como parte de esta política, la Corte ha establecido un grupo de trabajo especializado, encargado de desarrollar y proponer modificaciones en la redacción y estructura de las sentencias judiciales. Este grupo tiene la misión de identificar y recomendar mejores prácticas que permitan a los jueces expresar sus decisiones de manera más clara y directa, evitando el lenguaje técnico excesivo que tradicionalmente ha caracterizado a la jurisprudencia.
Uno de los principales desafíos identificados es la necesidad de balancear la precisión jurídica con la claridad comunicacional, un equilibrio que resulta fundamental para garantizar que las decisiones judiciales sean entendidas por todos los sectores de la sociedad. En este sentido, la resolución de la Corte establece que la claridad en el lenguaje es esencial no solo para el acceso a la justicia, sino también para la transparencia y la confianza en el sistema judicial.
Un Paso Adelante en el Poder Judicial
La adopción del lenguaje claro por parte de la Corte Suprema de Justicia no es un caso aislado. Existen antecedentes de esfuerzos similares en otros poderes judiciales, tanto a nivel nacional como internacional, que han buscado mejorar la accesibilidad de sus comunicaciones. Sin embargo, la iniciativa actual de la Corte Suprema de Argentina busca ir más allá de la simple implementación de reglas rígidas, aspirando a generar un consenso sobre las mejores prácticas en la redacción de sentencias.
En el documento “Sugerencias para la elaboración de los lineamientos generales de sentencias claras”, la Corte analiza la estructura y el lenguaje tradicionalmente utilizados en las decisiones judiciales, proponiendo un cambio hacia un estilo más directo y entendible. Este enfoque no solo beneficiará a las partes directamente involucradas en los procesos judiciales, sino que también contribuirá a un mejor entendimiento de las decisiones judiciales por parte del público en general.
El Impacto de la Medida
La implementación de esta política de lenguaje claro representa un avance significativo en la modernización del Poder Judicial argentino. Al facilitar la comprensión de las sentencias, se fortalece la transparencia del sistema judicial y se promueve una mayor participación ciudadana en los asuntos legales. Este esfuerzo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un paso adelante hacia un sistema judicial más accesible, justo y comprensible para todos.
La política de lenguaje claro no solo responde a una necesidad actual de la sociedad, sino que también sienta un precedente para futuras reformas en el ámbito judicial, destacando la importancia de la comunicación clara y efectiva en la administración de justicia.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Una denuncia por abuso sexual entre adolescentes, marcada por el stealthing y el hostigamiento escolar, derivó en un inédito proceso de justicia restaurativa en La Plata. Sin juicio ni condena penal, el enfoque apuntó a la asunción de responsabilidad, la reparación del daño y la prevención de nuevas violencias.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
El tribunal interamericano afirmó que el cuidado constituye un derecho humano autónomo, con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Los Estados deben garantizarlo de manera progresiva y con enfoque de igualdad.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.