
Es por la presunta complicidad de la magistrada Julieta Makintach en la grabación de un documental durante el juicio por la juetre del astro del fútbol argentino, Diego Maradona.
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El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
Noticias11/11/2024
Alejandro Carranza
El Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP) y la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia de Buenos Aires (FEPUBA), que nuclea a 27 entidades profesionales, manifestaron su enorme preocupación a raíz de un proyecto de ley que intenta desfinanciar la Caja de la Abogacía bonaerense.
La iniciativa, cuyo tratamiento fue previsto para este martes 12 de noviembre en la Cámara de Diputados bonaerense de forma completamente inconsulta, propone la derogación del artículo 12 inciso G de la Ley 6.716 del régimen legal de la Caja de Previsión Social para abogados sancionado en el año 1975.
La misma implica la eliminación de la sobretasa de justicia del 10 % sobre la tasa del 2,2 % aplicada al monto de las demandas, contribución que solo pagan quienes tienen bienes suficientes y de la que están exentos aquellos que cuentan con el Beneficio de Litigar sin Gastos y los casos relacionados con la ley de defensa del consumidor y del usuario.
Establecido en 1988, este recurso tiene carácter solidario y cumple una función social clave: financiar asignaciones por nacimiento, adopción y cuidado de hijos con discapacidad, además de cubrir a abogados que, por razones de salud, no pueden ejercer temporalmente su profesión.
“Los colegios profesionales son verdaderos garantes del orden y la independencia del ejercicio profesional y hoy necesitamos que sean cada vez más fuertes”, sostuvieron desde el colegio y la federación, y remarcaron la importancia de defender la democracia, los Derechos Humanos y la garantía de un verdadero estado de derecho.
“El rol de los colegios profesionales es esencial, son parte de la historia y el presente de nuestra provincia, son guardianes del funcionamiento y la integridad del sistema legal”, continuaron, al tiempo que solicitaron a los diputados ser convocados para participar de un debate tan trascendental para el desarrollo de la profesión.

Es por la presunta complicidad de la magistrada Julieta Makintach en la grabación de un documental durante el juicio por la juetre del astro del fútbol argentino, Diego Maradona.

La polémica por la conducta del juez civil Carlos Goggi vuelve a poner en el centro del debate la defensa de la dignidad profesional de los abogados y la vigencia de la Ley de Honorarios (27.423). Las entidades de la abogacía remarcan que no está en discusión la independencia judicial, sino la obligación de respetar la ley y los precedentes.

Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.

Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.

La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.

La máxima entidad de la abogacía bonaerense advirtió de intentos de estafas virtuales mediante falsas comunicaciones en su nombre.

Una mujer de 46 años logró que el Instituto de Obra Social de la Provincia de Corrientes (IOSCor) cubra un tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad, tras haberle sido negado por no tener pareja. El fallo reafirma que el derecho a procrear no puede depender del estado civil.

Es por la presunta complicidad de la magistrada Julieta Makintach en la grabación de un documental durante el juicio por la juetre del astro del fútbol argentino, Diego Maradona.

Cinco personas fueron condenadas por integrar una red dedicada a comercializar un software que facilitaba el acceso ilícito a cuentas de Apple mediante técnicas de phishing. La justicia federal consideró acreditada la existencia de un “delito como servicio” en el ámbito digital.