
Durante la feria judicial de julio de 2025, la OVD atendió a 627 personas
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
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El ministro de Justicia y DDHH, Julio Alak, y la directora provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima, Lucía Iañez, presentaron este jueves 2 el Plan Provincial de Asistencia a la Víctima de la provincia de Buenos Aires, una herramienta estatal de articulación que buscará mejorar el circuito de la asistencia mediante el trabajo conjunto con organismos del Estado.
Durante el acto, se firmaron convenios marco de cooperación institucional para el desarrollo de acciones conjuntas a través de la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; y la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey.
En ese marco, el ministro Alak destacó el trabajo articulado entre los tres poderes del Estado provincial y con el Gobierno Nacional para poder llevar adelante este Plan, al tiempo que señaló: “La magnitud del drama de los familiares de víctimas es tan grande que un Ministerio solo ni un poder del Estado solo lo puede solucionar”
Asimismo, Alak expresó su agradecimiento “a todos los ministerios que han trabajado en forma conjunta” e indicó: “Nuestro espacio históricamente ha estado cerca de los más vulnerables y de las víctimas. El Gobernador Axel Kicillof lo que hace es actualizar esa historia junto a los más vulnerables y junto a las víctimas”.
Este Plan, redactado por la directora del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima, Agustina Iafolla, se propone diseñar, elaborar e implementar políticas públicas provinciales de prevención, asistencia y protección de las víctimas de delitos y sus familiares, con el objetivo de reconfigurar los paradigmas actuales de asistencia y de abordaje estatal de los delitos, valiéndose de la articulación y la acción conjunta entre los diferentes poderes e instituciones del Estado y la sociedad civil, y poniendo énfasis en el despliegue territorial de las políticas.
También participaron del encuentro el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar; el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; el presidente del Consejo de Víctimas de la Provincia, Roberto Almeida; y representantes del Poder Judicial, Poder Legislativo, y de diferentes ministerios provinciales, nacionales y organizaciones de víctimas.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Una denuncia por abuso sexual entre adolescentes, marcada por el stealthing y el hostigamiento escolar, derivó en un inédito proceso de justicia restaurativa en La Plata. Sin juicio ni condena penal, el enfoque apuntó a la asunción de responsabilidad, la reparación del daño y la prevención de nuevas violencias.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
El tribunal interamericano afirmó que el cuidado constituye un derecho humano autónomo, con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Los Estados deben garantizarlo de manera progresiva y con enfoque de igualdad.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.