
Durante la feria judicial de julio de 2025, la OVD atendió a 627 personas
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
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Estará ubicado en el ex Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, centro neurálgico del sistema represivo de gran parte de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Contará con más de 630 metros cuadrados cubiertos.
Noticias27/07/2022El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julio Alak, anunció hoy el comienzo de las obras del nuevo edificio del Archivo Provincial de la Memoria, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que se encuentra ubicado en el ex Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, centro neurálgico del sistema represivo de gran parte de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.
El edificio emplazado en la calle 55 entre 7 y 8, en La Plata, contará con más de 630 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en 5 plantas dando cumplimiento a lo establecido en la Ley del Registro Único de la Verdad (Ley 12.498) para consolidar los valores democráticos y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, sancionada en 2004.
Dicha ley otorga el derecho a todo integrante de la comunidad a conocer la Verdad acerca de la desaparición forzada de personas, muerte, sustracción de menores y demás violaciones de Derechos Humanos ocurridos en relación con los hechos de la represión ilegal desarrollada en el marco del terrorismo de Estado en Argentina y en particular en la provincia de Buenos Aires.
El Archivo Provincial de la Memoria (APM) es el organismo encargado de preservar la documentación acerca de las violaciones de los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires, en particular los documentos vinculados a la última dictadura cívico militar. La construcción del Archivo fue una decisión del Subsecretario de Derechos Humanos, Matías Facundo Moreno, para hacer efectivo el cumplimiento de la Ley 12.498 que consagra el Derecho de todo integrante de la comunidad a conocer la Verdad acerca de la desaparición forzada de personas, muerte, sustracción de menores y demás violaciones de Derechos Humanos ocurridos en el marco del terrorismo de Estado.
El Archivo tiene la función de buscar y custodiar los fondos y colecciones públicos y privados que puedan constituir pruebas en los juicios de lesa humanidad, que respalden las políticas reparatorias del Estado provincial y asegurar el acceso para toda la comunidad, respetando los derechos a la información pública y a la protección de datos personales.
El Destacamento de Inteligencia 101 fue una unidad de inteligencia del Ejército Argentino, dependiente del Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, que constituyó la base de operaciones desde la cual se planificaron y ejecutaron secuestros, interrogatorios bajo tortura, asesinatos y otras acciones represivas ilegales del Estado en La Plata y otras localidades bonaerenses desde 1975.
A partir de 1976, la dictadura cívico militar desplegó desde ese organismo tareas de inteligencia principalmente en jurisdicción de la Sub zona 11, que abarcaba a la zona sur del Conurbano bonaerense y San Andrés de Giles, Luján, Mercedes, General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras, Navarro, Lobos y Cañuelas. Además, tenía injerencia sobre las ciudades de San Nicolás, Mar del Plata y Junín. En todo ese vasto territorio funcionaron 18 centros clandestinos de detención, entre los que sobresalen el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, la Brigada de Investigaciones de La Plata, el Pozo de Arana, El Banco, Vesubio y La Cacha.
En octubre de 2014 el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata condenó por delitos de lesa humanidad cometidos en La Cacha a nueve militares y personal civil de inteligencia de ese destacamento y pidió a los Estados Nacional y Provincial desafectarlo. En 2021 la Agencia de Administración de Bienes del Estado, cedió el edificio ubicado en las calles 55 entre 7 y 8 y se lo otorgó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, para asiento del Archivo de la Memoria, proyecto impulsado por la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Una denuncia por abuso sexual entre adolescentes, marcada por el stealthing y el hostigamiento escolar, derivó en un inédito proceso de justicia restaurativa en La Plata. Sin juicio ni condena penal, el enfoque apuntó a la asunción de responsabilidad, la reparación del daño y la prevención de nuevas violencias.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
El tribunal interamericano afirmó que el cuidado constituye un derecho humano autónomo, con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Los Estados deben garantizarlo de manera progresiva y con enfoque de igualdad.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.