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Es una iniciativa del Ministerio de Justicia y DDHH a cargo de Julio Alak. Ana Laura Ramos encabezó la primera reunión preparatoria
Noticias11/08/2022
Alejandro Carranza
En el marco del Tercer Foro Provincial de Integridad, Transparencia y Ética Pública: “Ley de Ética Pública y Transparencia. Una deuda de 23 años con la población bonaerense”, a realizarse el próximo 26 de agosto en Miramar, la subsecretaria de Transparencia Institucional, Ana Laura Ramos llevó adelante esta semana la primera reunión preparatoria.
En el encuentro se trabajó en la conformación de los paneles de disertación, destinados a compartir con los municipios el contenido y ejes principales del anteproyecto de Ley de Ética Pública y Transparencia de la provincia de Buenos Aires, impulsado por el gobernador Axel Kicillof, que contempla prácticas que impulsa la Provincia en la materia y otro mecanismos innovadores.
El Foro de “Red de Oficinas de Transparencia PBA”, creado por resolución 1096/20 del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, tiene como fin proporcionar un espacio provincial que nuclee a los 135 municipios bonaerenses, con el objetivo de promover el diálogo, el trabajo colaborativo, la asistencia y capacitación entre todos los actores de los gobiernos municipales y el gobierno provincial; y de este modo fomentar el intercambio continuo de experiencias y políticas públicas de transparencia, integridad, ética pública y anticorrupción.
Participaron del encuentro el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos, Bienvenido Rodríguez Basalo, junto a la secretaria general Adriana Coliqueo; representantes de la Oficina Anticorrupción de Nación; la Defensoría del Pueblo; la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Plata; el Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro; el Centro de Estudios para la Gobernanza; el Consorcio IMPACTAR; las Universidades Nacionales de José C. Paz; La Plata; del Noroeste; de San Antonio de Areco y la Universidad Provincial del Sudoeste. También participaron la secretaria de Gobierno del Municipio de General Alvarado, Maria Belen Battenti; la Vicepresidenta II del Colegio de Magistrados bonaerense, Mabel Cardoni; la directora Provincial de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, Marina Mongiardino; la directora de Transparencia y Ética Pública, Marcela Berón y la directora de Anticorrupción, Paula Aberastegui, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Una denuncia por abuso sexual entre adolescentes, marcada por el stealthing y el hostigamiento escolar, derivó en un inédito proceso de justicia restaurativa en La Plata. Sin juicio ni condena penal, el enfoque apuntó a la asunción de responsabilidad, la reparación del daño y la prevención de nuevas violencias.
El máximo tribunal contradice a la Cámara Federal y complica la situación del magistrado designado por el presidente Milei.
Un fallo reafirma que el régimen de cuidado personal compartido con modalidad alternada no implica automáticamente la supresión de la cuota alimentaria. La cuota alimentaria no es una penalidad, sino un derecho de los hijos y una expresión concreta de la corresponsabilidad parental.
El COLPROBA publicó en su sitio web una jurisprudencia clave para mediadores en un caso donde se pretendió eludir la mediación provincial acudiendo a la justicia nacional.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.