El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid amparará los dispositivos electrónicos de la abogacía de empresa para garantizar la confidencialidad de los datos salvaguardando el secreto profesional.
“El fin de la huelga es la mejor noticia que podíamos recibir, pero tenemos que lamentar que esta decisión llegue tarde" señaló Eugenio Díaz Ribón, Decano de la abogacía madrileña.
La abogacía madrileña venía protestando ante la imposibilidad de invocar casos de fuerza mayor para solicitar la suspensión de actos procesales pese a estar previstos por ley.
Conforme a lo previsto estatutariamente se llevó a cabo el Consejo de Delegados y la Asamblea Anual Ordinaria de la Unión lberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, Paseo de Recoletos 13, de la capital española.
Fundado por 37 letrados en las postrimerías del reinado de Rey Felipe II bajo la denominación de “Congregación de Abogados de la Corte”, el hoy Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, que cuenta con más de 75.000 profesionales, ha iniciado este lunes la celebración de su 425 aniversario con una ceremonia presidida por Felipe VI, colegiado de honor de la corporación madrileña desde hace 25 años.
En un pronunciamiento de gran relevancia jurídica e institucional, la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York resolvió revocar la sentencia de primera instancia que había condenado a la República Argentina a pagar más de USD 16.000 millones en el marco del juicio por la expropiación de YPF.
Así se produce el relevo de Carlos Andreucci, quien fuera presidente desde 2017 y tomase la posta como primer latinoamericano al frente de la institución hispanoamericana.
En un comunicado firmado por su presidenta Mariel Tschieder la entidad federal de la abogacía argentina sentó su posición al respecto de la cuestionada decisión del gobierno de retirar el pliego por el vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon quien ha investigado sobre el escándalo de la criptomoneda Libra que envuelve al presidente Milei.
La alarmante cifra de aspirantes rechazados en Costa Rica obliga a analizar tanto la idoneidad y severidad del instrumento de evaluación como la calidad de la formación académica que reciben los futuros profesionales del derecho.