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Los relatores especiales afirman que el proceso disciplinario contra Charlotte Proudman puede enviar un "mensaje desconcertante"
Las más de 27.000 agresiones a menores verificadas por la ONU durante el año pasado incluyen matanzas, mutilaciones o reclutamiento de niños, entre otras actividades ilícitas. El número de ataques a escuelas y hospitales aumentó un 112%.
Fue en el marco de la revisión que hace periódicamente el comité especializado encargado de verificar que los Estados cumplan con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ACIJ, junto a otras organizaciones, se había presentado ante dicha entidad para denunciar las barreras que enfrenta este grupo en el ejercicio de sus derechos.
Los retrasos de los procesos por desaparición forzada durante la dictadura militar pueden dar lugar a la impunidad por la muerte de los perpetradores o a que las víctimas mueran de vejez sin obtener justicia, señala el comité especializado en esa violación de los derechos humanos.
La experta independiente se refiere a las sanciones secundarias, es decir, las que se derivan de sanciones unilaterales impuestas por ciertos países y que tienen por objeto que terceras partes -Estados, entidades comerciales y particulares- comercien con los países sujetos a sus sanciones.
Dentro de los firmantes se encuentra Fabián Salvioli, prestigioso abogado y académico platense quien además es Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición
Está opinión es a título estrictamente personal del autor y fue publicada en sus redes sociales para ser compartida con sus contactos y no refleja ni expresa posición o decisión alguna en sus roles institucionales.
Este marco ético define valores y principios comunes que guiarán y garantizarán un desarrollo saludable de esta tecnología. Afirma que todos los individuos deberían poder acceder a sus registros de datos personales o incluso borrarlos y prohíbe explícitamente el uso de sistemas de inteligencia artificial para la calificación social y la vigilancia masiva.
El CALP junto a la Caja de la Abogacía intervinieron su sede.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
El tribunal interamericano afirmó que el cuidado constituye un derecho humano autónomo, con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Los Estados deben garantizarlo de manera progresiva y con enfoque de igualdad.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.