Ley Omnibus de Milei suma rechazos desde la abogacía organizada

La denominda Ley Omnibus presentada por el presidente Javier Milei, un "mamotreto" de 351 páginas y más de 664 artículos para ser tratado durante el período de sesiones extraordinarias y que pretende una declaración de emergencia para que le  sean delegadas facultades legislativas al Ejecutivo por al menos dos años y con la posibilidad que se las "auto" prorrogue el ejecutivo ha traído polémicas de diversos sectores que ven gravemente afectados sus derechos. 

Tal es el caso de la abogacía organizada que no solo pone bajo la lupa la constitucionalidad del instrumento sino que se encontró con que en el proyecto se modifica en Código Civil y Comercial para avanzar en los llamados "divorcios administrativos" y las "suceciones no contenciosas" lo que significa una pérdida de incumbencias para los profesionales del derecho con la consiguiente pérdida económica. Desde diversos colectivos de la abogacía salieron al cruce de la pretendida reforma.

El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires - COLPROBA- expresó "su más enérgico repudio al proyecto de ley 0025-2023 ("Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos) y hace un llamado al Poder Ejecutivo para que cumpla con su función de manera adecuada, respetando la división de poderes que es esencial en nuestro Estado de Derecho. ";  dentro de las consideraciones realizadas por COLPROBA se destaca en el caso de las sucesiones no contenciosas que "veda la posibilidad de llegar al dictado de una sentencia judicial, declaratoria de herederos o aprobación de un testamento, con la previa intervención del Ministerio Público (Agente Fiscal, y eventualmente,  Asesor de Incapaces)."

En tanto el Colegio Público de la Abogacia de Capital Federal - CPACF - publicó un comunicado en su sitio web también el rechazo a la reforma de Milei: "Con relación a los proyectos incluidos en la ley “ómnibus” de sucesiones notariales y divorcio administrativo (Anexo IV y art 352, respectivamente), rechazamos enérgicamente su sanción por resultar perjudicial a los intereses de los justiciables. El proyecto de divorcio administrativo no tiene en cuenta que son múltiples las cuestiones que se plantean en caso de una separación, y prescindir del asesoramiento jurídico deja en clara desventaja a la parte más vulnerable. Es imperativa entonces la presencia de un juez cuando se trata de establecer derechos o consecuencias legales, sólo así puede darse certeza y seguridad a las relaciones jurídicas."

La Federación Argentina de colegios de Abogados - FACA -, entidad que reúne a todos los colegios de Ley de la República Argentina se sumó al coro de rechazo en términos duros, al señalar que "(...) expresa su total rechazo a los proyectos de Divorcio Administrativo y Sucesiones Notariales contenidos en la Ley Omnibus ingresada a la Cámara de Diputados en fecha 27/12/2023 (Art. 352 y Anexo IV respectivamente), que implican el traspaso de los procesos sucesorios y divorcios de la órbita judicial a sede administrativa. La pretendida desregulación atenta contra la seguridad jurídica y el interés de la ciudadanía, que no es otro que actuar en base a la certeza y legitimación de sus derechos reconocidos por los jueces y juezas únicos investidos de facultades jurisdiccionales, so pretexto de abaratar costos lo que constituye una verdadera falacia. De igual modo advertimos que la sustracción de materia proyectada que es propia de la abogacía, significa una franca violación de normas constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos.

Asimismo y en esta misma línea los colegios de la abogacía de Salta, Mendoza, Santa Fe, Necochea y Córdoba entre otros se manifestaron en contra.