
La máxima entidad de la abogacía bonaerense advirtió de intentos de estafas virtuales mediante falsas comunicaciones en su nombre.
| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
El Colegio Público de Abogados pide la inconstitucionalidad de una ley que pone a los abogados como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas. Un viejo debate que vuelve
Noticias09/04/2024
Alejandro Carranza
La Plata -09-04-24–. La comunidad legal argentina se encuentra en un estado de agitación ante la reforma de la Ley 27.739 de lavado de activos que impone a los abogados la obligación de denunciar a sus propios clientes. Este controvertido paso del gobierno de Javier Milei ha provocado una ola de reacciones entre los profesionales del derecho, quienes argumentan que la medida atenta contra los principios fundamentales de la confidencialidad y el derecho a una defensa legal adecuada.
La normativa reformada bajo el pretexto de combatir el lavado de activos de origen ilegal, ha sido recibida con escepticismo y preocupación por parte de la comunidad legal argentina. Líderes de asociaciones de abogados han manifestado su firme oposición, subrayando que obligar a los abogados a convertirse en informantes del Estado socava los pilares mismos de la profesión.
El presidente del Colegio Público de Abogados, Ricardo Gil Lavedra entre otros expertos legales han advertido que esta medida podría tener serias implicaciones éticas y legales, y podrían desalentar a los ciudadanos de buscar asesoramiento legal, lo que podría resultar en un acceso restringido a la justicia.
En respuesta a esta controvertida ley, los abogados argentinos han intensificado sus esfuerzos de resistencia. Desde iniciativas legales hasta movilizaciones de activismo, la comunidad legal está unida en su determinación de impugnar esta medida que consideran injusta e inconstitucional; en este sentido el CPACF presentó un recurso de amparo dodne advierte que "Todas las actividades que desarrolla un abogado/a, tanto litigiosas como de asesoramiento o representación, se encuentran protegidas por el secreto profesional, pues se trata de información suministrada por sus clientes en el marco de la relación de confianza y reserva que requiere el ejercicio profesional."
A medida que la batalla legal se intensifica, el debate sobre los derechos fundamentales y la integridad del sistema legal argentino sigue en el centro de la agenda nacional.

La polémica por la conducta del juez civil Carlos Goggi vuelve a poner en el centro del debate la defensa de la dignidad profesional de los abogados y la vigencia de la Ley de Honorarios (27.423). Las entidades de la abogacía remarcan que no está en discusión la independencia judicial, sino la obligación de respetar la ley y los precedentes.

Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.

Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.

La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Un juzgado bonaerense sentenció al progenitor a pagar $542.183 mensuales por su hija, utilizando por primera vez el costo oficial de la Canasta de Crianza como parámetro. Además, dispuso que el fallo sea notificado con un video explicativo en lenguaje claro generado por IA y enviado por WhatsApp, garantizando la comprensión y el acceso a la justicia.

En la previa del Congreso internacional de la lengua española, se reúne en Lima la red de lenguaje claro más grande de la región.

Las bases de la abogacía hacen una petición formal al gobernador Axel Kicillof y al Senado provincial para que se cubran las vacantes en la Suprema Corte de Justicia. Advierten que el máximo tribunal funciona con menos de la mitad de sus miembros y que esa situación afecta derechos, independencia judicial y calidad institucional.

La máxima entidad de la abogacía bonaerense advirtió de intentos de estafas virtuales mediante falsas comunicaciones en su nombre.