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El Colegio Público de Abogados pide la inconstitucionalidad de una ley que pone a los abogados como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas. Un viejo debate que vuelve
Noticias09/04/2024
Alejandro Carranza
La Plata -09-04-24–. La comunidad legal argentina se encuentra en un estado de agitación ante la reforma de la Ley 27.739 de lavado de activos que impone a los abogados la obligación de denunciar a sus propios clientes. Este controvertido paso del gobierno de Javier Milei ha provocado una ola de reacciones entre los profesionales del derecho, quienes argumentan que la medida atenta contra los principios fundamentales de la confidencialidad y el derecho a una defensa legal adecuada.
La normativa reformada bajo el pretexto de combatir el lavado de activos de origen ilegal, ha sido recibida con escepticismo y preocupación por parte de la comunidad legal argentina. Líderes de asociaciones de abogados han manifestado su firme oposición, subrayando que obligar a los abogados a convertirse en informantes del Estado socava los pilares mismos de la profesión.
El presidente del Colegio Público de Abogados, Ricardo Gil Lavedra entre otros expertos legales han advertido que esta medida podría tener serias implicaciones éticas y legales, y podrían desalentar a los ciudadanos de buscar asesoramiento legal, lo que podría resultar en un acceso restringido a la justicia.
En respuesta a esta controvertida ley, los abogados argentinos han intensificado sus esfuerzos de resistencia. Desde iniciativas legales hasta movilizaciones de activismo, la comunidad legal está unida en su determinación de impugnar esta medida que consideran injusta e inconstitucional; en este sentido el CPACF presentó un recurso de amparo dodne advierte que "Todas las actividades que desarrolla un abogado/a, tanto litigiosas como de asesoramiento o representación, se encuentran protegidas por el secreto profesional, pues se trata de información suministrada por sus clientes en el marco de la relación de confianza y reserva que requiere el ejercicio profesional."
A medida que la batalla legal se intensifica, el debate sobre los derechos fundamentales y la integridad del sistema legal argentino sigue en el centro de la agenda nacional.
La segunda edición de este informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes incluye datos estadísticos de los 24 poderes judiciales provinciales y de CABA.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
En nota dirigida a las autoridades del banco señalaron que "Esta demora desvirtúa el sistema legal de "pago en juicio" que contempla el art 277 de la Ley 20744, que fue concebido en tutela del crédito de la clase trabajadora."
El Decreto 971/2024 establece que las solicitudes ante la Administración Pública tendrán aprobación automática si no reciben respuesta en el plazo estipulado, excepto en áreas sensibles como salud, medio ambiente y servicios públicos. La medida comenzó el 1º de noviembre y apunta a acelerar gestiones en sectores no críticos.
El foro que reúne a todos los Consejos de la Magistratura de la República Argentina desarrolló actividades institucionales en las sedes de la SCBA y del Colegio de la Abo0gacía de La Plata.
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
Mientras la conflictividad social se intensifica en Buenos Aires, la justicia enfrenta una acumulación récord de causas penales y civiles. A la falta de recursos y vacantes en el sistema judicial, se suma el retiro del Estado en áreas claves, lo que multiplica los desafíos en la provincia más poblada y diversa del país.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
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