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El oficialismo logra un acuerdo con la UCR y Pro para paliar la crisis judicial, mientras la senadora libertaria Florencia Arietto cuestiona la idoneidad de los nombramientos y denuncia irregularidades.
Noticias19/09/2024
Alejandro Carranza
En una sesión maratónica, conducida por la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, el Cuerpo aprobó 135 pliegos judiciales enviados por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
En fecto, la Cámara Alta bnaerense aprobó 135 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales, en un intento por reducir el 25% de vacantes en el Poder Judicial1. De esta manera, los camaristas, jueces, fiscales, defensores oficiales y jueces de paz designados ocuparán sus cargos en los departamentos judiciales de La Plata, San Martín, Morón, Moreno-General Rodríguez, Avellaneda-Lanús, Merlo, Mercedes, Mar del Plata, Necochea, San Nicolás, San Isidro, Pergamino, La Matanza, Junín, Lomas de Zamora, Trenque Lauquen, Quilmes, Bahía Blanca y Azul.
POLÉMICA
El oficialismo, en colaboración con la UCR y Pro, logró avanzar sin inconvenientes hasta que la senadora libertaria Florencia Arietto tomó la palabra. Arietto criticó duramente el acuerdo, señalando la dificultad de encontrar fiscales en La Matanza para desalojar usurpaciones y denunciando la existencia de bandas que estafan y desalojan a ciudadanos. Además, cuestionó la idoneidad de Carlos Baccini, recientemente aprobado como fiscal general de Lomas de Zamora, vinculándolo con el senador Gustavo Soos y acusándolo de desmantelar fiscalías clave.
Las denuncias de Arietto incomodaron a varios senadores, incluyendo a Sergio Berni, quien desestimó sus argumentos. Por su parte, Soos defendió a Baccini, destacando su labor como docente y el proceso de elección de magistrados en la provincia.
El debate culminó con la intervención de Marcelo Daletto, quien minimizó las denuncias y subrayó la urgencia de cubrir las vacantes judiciales, que ascienden al 25% de los 2.645 magistrados en la provincia.
VACANTES
Durante el 2024, el Senado bonaerense aprobó un total de 181 pliegos judiciales. En mayo pasado, el Cuerpo avanzó en la designación de 46 magistrados, que se suman a los 135 que se designaron en esta ocasión.
Cuando empezó a funcionar la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos en marzo pasado, la provincia de Buenos Aires contaba con 644 vacantes en el sistema judicial, de un total de 2645 magistrados.
Con la aprobación de los 135 pliegos, sumado a los 46 magistrados anteriores, el nivel de vacancia se redujo a 463, lo que representa una baja del 25 al 17%.
La segunda edición de este informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes incluye datos estadísticos de los 24 poderes judiciales provinciales y de CABA.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
En nota dirigida a las autoridades del banco señalaron que "Esta demora desvirtúa el sistema legal de "pago en juicio" que contempla el art 277 de la Ley 20744, que fue concebido en tutela del crédito de la clase trabajadora."
El Decreto 971/2024 establece que las solicitudes ante la Administración Pública tendrán aprobación automática si no reciben respuesta en el plazo estipulado, excepto en áreas sensibles como salud, medio ambiente y servicios públicos. La medida comenzó el 1º de noviembre y apunta a acelerar gestiones en sectores no críticos.
El foro que reúne a todos los Consejos de la Magistratura de la República Argentina desarrolló actividades institucionales en las sedes de la SCBA y del Colegio de la Abo0gacía de La Plata.
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Mientras la conflictividad social se intensifica en Buenos Aires, la justicia enfrenta una acumulación récord de causas penales y civiles. A la falta de recursos y vacantes en el sistema judicial, se suma el retiro del Estado en áreas claves, lo que multiplica los desafíos en la provincia más poblada y diversa del país.
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